
(Libertad Digital) La organización internacional revisa así sus anteriores estimaciones para España, realizadas en junio, en las que auguraba un crecimiento del 1,1% en 2009, confirmando que el periodo de 14 años de "fuerte expansión" disfrutado por la economía del país "ha llegado a su fin".
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había pronosticado el pasado 6 de noviembre que el PIB español se contraerá un 0,7% en 2009 tras crecer un 1,4% en 2008. Mientras, el Gobierno español continúa con la venda en los ojos, y augura un crecimiento económico del 1% para el próximo año y un desempleo del 12,5%.
A pesar de que el Ejecutivo no quiere retirar el proyecto presupuestario “para no dar alas a la oposición”, según admite el vicepresidente económico, Pedro Solbes, Economía revisará sus previsiones el próximo diciembre. La recesión es un hecho y el Gobierno lo sabe, así como la OCDE y el resto de organismos e instituciones.
"Se prevé que la actividad económica se contraerá en 2009, seguida de una lenta recuperación en 2010. El acusado descenso en la construcción residencial probablemente se mantendrá, reflejando el continuado descenso en los permisos de construcción ante la caída de precios de la vivienda", señala el informe de la OCDE, que advierte también del significativo número de viviendas sin vender, lo que afectará a los proyectos que serán iniciados.
Por otro lado, el organismo apunta entre las causas para la desaceleración de la economía española que el consumo privado se reducirá por las condiciones financieras "más restrictivas", la caída del empleo y la crisis del sector inmobiliario, aunque sugiere que la bajada de los tipos de interés y el abaratamiento del petróleo pueden proporcionar "cierto alivio".
No obstante, para salir de este "profunda ralentización", la OCDE subraya que la economía española cuenta con dos herramientas "notables": la “fortaleza de su sistema financiero” para resistir la contracción interna y la “rápida expansión de la enseñanza superior desde hace dos décadas, que ofrece amplias posibilidades de mejora futura”.
Burbuja inmobiliaria y tormenta financiera
De este modo, la organización prevé que la recuperación comenzará a tomar forma en 2010, para cuando pronostica que se relaje la caída de precios de la vivienda, amaine la tormenta financiera internacional y la economía mundial vuelva a crecer.
De hecho, la OCDE augura que serán las exportaciones las principales conductoras del crecimiento español en 2010, lo que contribuirá a un mayor alivio del déficit por cuenta corriente de España. Sin embargo, el desempleo podría llegar a rondar el 15%, pese a que la organización espera "una considerable moderación" de la inmigración.
La clave para explicar el aumento del paro a pesar de esta hipotética recuperación económica en 2010 se encuentra en la rigidez del mercado laboral español. Los factores de producción (en este caso la fuerza del trabajo) no se pueden adaptar a las nuevas circunstancias por el corsé de la normativa, la capacidad de los sindicatos para evitar la liberalización del mercado y el coste político que tienen este tipo de reformas.
A este respecto, la OCDE augura un fuerte incremento del desempleo que alcanzará el 10,9% en 2008, para situarse en el 14,2% en 2009 y alcanzar el 14,8% en 2010. Por su parte, el déficit de las cuentas públicas podría ser del 1,5% en 2008 y aumentar hasta el 2,9% el próximo año, alcanzando el 3,8% en 2010.
En este sentido, el organismo advierte a las autoridades españolas de que deberán "fijar prioridades mucho más estrictas en materia de gasto" dado que los ingresos públicos "se reducirán claramente más allá de la fase actual de ralentización" de la actividad económica.
Recomienda menos gasto y reformas estructurales
El organismo con sede en París resalta igualmente que las medidas de estímulo presupuestario a corto plazo adoptadas recientemente por el Gobierno son "adecuadas para reducir el riesgo de que aumente la pérdida de empleos y la erosión de la actividad", pero advierte de que el margen de maniobra para un estímulo suplementario es "limitado".
Además, augura que los ingresos públicos se reducirán claramente más allá de la fase actual de ralentización de la actividad. "La tarea fundamental consiste en poner en marcha fórmulas estructurales que permitan movilizar de manera más competente el potencial existente y explotar nuevas fuentes de crecimiento", agrega el estudio.
Para la OCDE, algunas de estas iniciativas evitarían tener que compensar las distorsiones de los mercados con programas de subvenciones, lo que atenuará la presión sobre el gasto público.
Así pues, considera que la economía española se enfrenta a los desafíos siguientes: minimizar el coste económico de la actual ralentización, recolocar rápidamente a los trabajadores afectados por la disminución de efectivos y reforzar paulatinamente el crecimiento de la productividad, aprovechando el potencial de los jóvenes trabajadores altamente cualificados.
Urge una reforma laboral
Para ello, el organismo internacional establece una serie de recomendaciones en distintos ámbitos. En el terreno laboral, advierte de que si, a corto plazo, no se pueden suprimir totalmente las cláusulas que ligan los salarios a la inflación en las negociaciones colectivas, éstas deberían "redefinirse para minimizar los efectos secundarios sobre la inflación". También juzga útil "flexibilizar" las condiciones de no participación en los convenios colectivos.
Sostiene también que las indemnizaciones por despido de los contratos indefinidos deberían ser "menos generosas" para reducir así la diferencia de nivel de protección entre contratos indefinidos y temporales. Como medio para reducir totalmente la diferencia, propone crear un contrato universal.
El organismo sugiere igualmente suprimir paulatinamente las diferencias en el tipo impositivo de las empresas dependiendo de su tamaño porque la actual legislación las disuade a la hora de desarrollarse y ampliarse.
Los inmigrantes tienen que hablar español
La OCDE estima que, aproximadamente la mitad de los inmigrantes que llegan a España no tienen como lengua materna el español, por eso cree que hace falta incitar más a esta población a adquirir la competencia lingüística, por ejemplo, adaptando el sistema nacional de certificación de resultados lingüísticos a las necesidades del mercado laboral.
Además, dice que se deberían suprimir los dispositivos que excluyen a trabajadores no comunitarios de algunas profesiones reguladas y de empleos del sector público.
Plantea igualmente que los recursos usados para subvencionar la vivienda social deberían redirigirse hacia las prestaciones en función de los recursos, medidas que mejorarían más eficazmente las perspectivas de ingresos de las personas que realmente lo necesitan.
Asimismo, propone frenar la construcción de nuevas viviendas sociales destinadas a la venta y suprimir progresivamente la deducción de los pagos hipotecarios y de alquiler en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El estudio sugiere también la posibilidad de reducir los obstáculos que tienen las cajas de ahorro para aumentar sus fondos propios suprimiendo la obligación del acuerdo de las autoridades regionales para autorizar las fusiones y elevar el límite aplicable a las participaciones individuales.
Bajar la presión fiscal en lugar de promesas electorales
En cuanto a las medidas expansionistas adoptadas por el Gobierno para compensar una menor actividad -como la deducción de los 400 euros o la extensión de las garantías públicas para la vivienda social- la OCDE cree que los recursos absorbidos por las nuevas deducciones fiscales serían más eficaces si se usaran para bajar la presión fiscal "relativamente alta" de los trabajadores con bajos ingresos e hijos mediante una prestación ligada al empleo.
"Las prioridades del gasto a medio plazo tienen que determinarse rigurosamente por las prioridades de reforma estructural", argumenta.
