(Libertad Digital) Estas entidades afirman haber repatriado los 3 millones de euros de obligaciones que quedaban pendientes en Excell Life –a 30 de junio tenían 18 millones de euros invertidos en dicha aseguradora–, así como los 7 millones de euros en acciones sin derecho a voto que estaban en trámite y los 10 millones de euros que estaban pendientes de la autorización del Consejo de Administración de Excell Life, según publica la agencia de noticias Europa Press .
Sin embargo, las mutuas catalanas aún son propietarias de un paquete accionarial del 45 por ciento del capital en Excell Life. Fuentes de las mutuas aseguraron que dichas acciones ordinarias "están a la venta", aunque reconocieron que, hasta el momento, no han recibido ofertas por dicha participación. Asimismo, Norton Life, Caja Hipotecaria Catalana Mutual y Personal Life reiteraron su deseo de vender su participación del 12 por ciento en el capital de Eurobank.
No hay contactos formales con la Caixa Comarcal del Llobretat
Según un portavoz de las mutuas catalanas, aún no ha existido "un contacto formal" entre las mutuas y el promotor de Caixa Comarcal de Llobregat, Isidre Segura, para negociar la operación. La participación accionarial de las mutuas en Eurobank asciende a 3,2 millones de euros, pero éstos ya están totalmente provisionados en el balance de las mutuas, por lo que el dinero que recibirían por dicha transacción sería un ingreso neto. La Caixa Comarcal de Llobregat, sociedad cooperativa en proceso de constitución, es la única entidad que por ahora se ha interesado en adquirir acciones de Eurobank.
Segura ya manifestó al Banco de España en septiembre el interés de su grupo en acudir a la ampliación de capital de Eurobank de 6,5 millones de euros aprobada en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 25 de agosto. El plazo para suscribir dicha ampliación de capital finaliza el próximo 8 de febrero, después de que el Consejo de Administración de Eurobank aprobara hace unas semanas agotar el plazo legal para su suscripción.
El Banco de España tiene un plazo de tres meses para oponerse a la compra de acciones en virtud de una regulación sobre participaciones significativas. El organismo supervisor ya le denegó anteriormente a Banc Comarcal Llobregat –un proyecto impulsado por Segura desde 1996– una licencia bancaria.