Responsabilidad y transparencia. Estos dos conceptos son completamente ajenos al Ministerio de Economía y Hacienda que dirige Elena Salgado y al Ministerio de Trabajo que dirige Celestino Corbacho. El Gobierno español lleva meses atacando a todo aquel que introduzca dudas e incertidumbres sobre el sistema de pensiones y ahora los mismos responsables políticos siembran el terror entre los jubilados con sus continuos vaivenes.
Este miércoles se ha producido un episodio dantesco. España ha enviado a la Comisión Europea la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013, un documento en el que el Gobierno asegura que quiere ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, desde los 15 años actuales hasta los 25. Esta medida reduciría al menos un 10% el importe de las pensiones.
Nada más conocerse la iniciativa, las críticas han acorralado al Ejecutivo español, especialmente desde el ámbito de la izquierda y particularmente desde las filas del sindicato CCOO. Todos los medios de comunicación publicaron la noticia y nadie comprendía por qué el Gobierno no había anunciado esta medida en la propuesta de reforma del sistema aprobada el pasado viernes.
Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Pero a las 15:00 horas las agencias de noticias disparaban un teletipo surrealista. El Ministerio de Economía ha corregido el Programa de Estabilidad 2009-2013 enviado a Bruselas y ha suprimido la propuesta de ampliar en diez años, hasta veinticinco, el periodo para calcular las pensiones.
Así, en una nota de prensa, Economía precisa que el Gobierno "no ha propuesto ampliar" en diez años el cómputo de las pensiones de jubilación y asegura que se trataba de una "simulación" a modo de "ejemplo que ha podido interpretarse como una propuesta concreta". Por ello, añade, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea.
El párrafo de la discordia
"En el Programa (de Estabilidad) se incluye un apartado final sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo que incorpora una proyección sobre el resultado hipotético de un retraso en la edad de jubilación y del alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones. Dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea", alega.
El Departamento dirigido por Elena Salgado también ha retirado del documento la alusión que hacía al ahorro que supondría aumentar dos años el periodo mínimo de años cotizados para tener derecho al cobro de una pensión, según informa Europa Press.
En concreto, el párrafo eliminado decía lo siguiente: "Por lo tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (edad legal de jubilación y número mínimo de años cotizados para obtener una pensión) y si, además, se aumentara en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB a partir de 2030".
En el documento se mantienen los cálculos del Gobierno acerca de lo que implicaría retrasar la edad legal de jubilación (un punto del PIB por cada año de retraso) y precisa que "cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional" de dos décimas del PIB.
Las "erratas" de Elena Salgado
No es la primera vez que se produce un episodio similar en lo que a ocultación de la realidad se refiere. A finales del pasado año, la ministra de Economía y Hacienda protagonizó otra preocupante situación en su comparecencia en el Senado. En el discurso entregado a los medios se señalaba la posibilidad de que la economía española vuelva a caer tras una eventual recuperación, pero finalmente decidió no mencionarlo.
Los servicios de prensa oficiales repartieron el discurso que, en teoría, iba a leer Salgado en la Comisión de Economía del Senado. Es un hecho normal: se entrega a los periodistas el texto de la intervención para facilitarles su trabajo, con el objeto de que luego puedan atender a las preguntas de los senadores a la vicepresidenta.
Salgado comenzó su discurso y llegó a la parte más complicada, en la que explicó que "aún quedan por delante momentos difíciles" de esta crisis, especialmente en lo que afecta al desempleo y que, por lo tanto, habrá que "afrontar retos exigentes. Tras estas frases, el discurso señalaba que "no se puede descartar una recaída", frase que Salgado no mencionó, en una actitud de falta de transparencia informativa.
En el texto del discurso, que había sido previamente distribuido por el Ministerio de Economía a los medios de comunicación figuraba la frase "no pudiendo descartar alguna recaída", una vez que se produzca la tan ansiada recuperación. Una frase que finalmente Elena Salgado decidió no pronunciar en el acto.
Preguntada por la periodista de esRadio, Ketty Garat, tras finalizar su intervención, Salgado intentó salvar la cara asegurando que no leyó la parte polémica del discurso porque pensó "que era una errata" que "se habría colado de otro parrafo". En esta línea de justificación señaló que "cuando se va a leer una frase y se ve que hay una errata, entonces se expresa de otra manera o no se lee".