La paupérrima situación de la Hacienda española es insostenible, como llevan advirtiendo desde hace meses todos los organismos nacionales e internacionales, con la excepción, claro está, del Gobierno.
Con un déficit público del Estado (diferencia entre ingresos y gastos) de 50.000 millones de euros en los primeros siete meses del año y unos compromisos de desembolso de ingentes fondos públicos que quedan fuera de esta variable (como el Plan E o el fondo de adquisición de activos financieros), sólo hay dos posibles soluciones: o se corta el grifo o se suben los impuestos -o bien una combinación de ambas-.
Rodríguez Zapatero ha optado exclusivamente por esquilmar los ya vacíos bolsillos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que en los últimos años decidieron ahorrar en lugar de gastar, una decisión dífícil cuando el dinero era muy barato gracias a la expansión crediticia mundial. Los bancos centrales provocaron que fuera más rentable pedir préstamos que ahorrar y fueron pocas las familias que decidieron destinar parte de sus ingresos al ahorro.
Y el Gobierno ahora quiere su dinero. El presidente anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados una subida de impuestos para 2010 que será concretada en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, estima un aumento de la presión fiscal próximo al 1,5% del PIB, es decir, entre 850 y 1.000 euros extra por familia.
Los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha consideran que con esta subida se inyectará a las arcas estatales un total de 16.427 millones de euros. Zapatero considera que se trata de un “incremento moderado” y, para defenderlo en la Cámara, prometió unos Presupuestos “austeros” para 2010, aunque no es oro todo lo que reluce.
En concreto, los datos del Ejecutivo indican una reducción del límite de gasto público del 4,5% interanual. Pero, en realidad, el Ejecutivo ha incrementado casi un 15% el límite de gasto, tal y como reveló Libertad Digital. El presidente defiende el incremento fiscal por el déficit público y por la necesidad de garantizar las protección social (pensiones y prestaciones por desempleo), así como la inversión en infraestructuras.
Se eliminan deducciones y se penaliza el ahorro
Zapatero no dio detalles sobre esta subida, aunque en las últimas semanas miembros del Ejecutivo han avanzado que se castigará a lo que denominan “rentas altas”, a través de un incremento de la tributación de las rentas de capital. Más de siete millones de personas tienen fondos de inversión, planes de pensiones o acciones y el Gobierno ha puesto su mirada en este colectivo. Las grandes fortunas seguirán tributando al 1%, a través de las SICAV, que no se reformarán.
Pero, lejos de la “moderada” subida que pregona Zapatero, el coste para los ciudadanos será mucho mayor del anunciado. Hay que recordar que el Ministerio de Economía apuesta por la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda a partir de 2011 y la supresión de la deducción de 400 euros en el IRPF, además de estudiar impuestos “verdes” en su “Ley de Economía sostenible”.
Todo ello sin olvidar las recientes subidas del Impuesto de los Hidrocarburos y del tributo que grava al tabaco, otras de las figuras que revisa el Gobierno para elevar la recaudación. Y las empresas también sufrirán la voracidad estatal. Sirva como ejemplo la intención del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de recortar las bonificaciones sociales a la contratación, una medida que terminaría de dar la puntilla al mercado laboral español.
La reunión con el PP
El líder del PP, Mariano Rajoy, criticó duramente en el Congreso la falta de compromiso del Gobierno en materia de reducción de gasto, y Zapatero invitó a la oposición a una reunión en el Palacio de la Moncloa “para repasar el presupuesto”.
“No hay subida de impuestos capaz de tapar el agujero que usted ha creado", espetó Rajoy, quien considera que el aumento impositivo no alcanzará siquiera para cubrir el déficit actual, sino que empeorará la confianza y crecerá más el paro. La oposición de Rajoy a la revisión fiscal es"condición previa" para cualquier pacto económico con el Ejecutivo.
Para el presidente del PP no cabe otro pacto que el ofrecido en su intervención: "Para reducir el gasto en las Administraciones" y, además, "explicarlo a los españoles".