El sistema de pensiones español es insostenible. Hasta hace unas semanas los problemas de la Seguridad Social no eran ningún secreto para el Banco de España, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recientemente la vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió que es necesario hacer una reforma profunda, y el presidente del Gobierno secundó la iniciativa. Todo ello contra el criterio del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Este jueves, el ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que "en las próximas horas" el Ejecutivo hará una propuesta sobre la edad de jubilación que tendrá como objetivo "el mantenimiento del sistema de la Seguridad Social y de protección social".
Fuentes de La Moncloa han confirmado al diario Cinco Días que la ampliación se realizará de forma gradual: cada año a partir de 2013 se sumarán dos meses para que el trabajador pueda jubilarse. Es decir, en 2018 los españoles se jubilarán a los 66 años y en 2025 lo harán a los 67.
No es la única medida, ya que el Ejecutivo también quiere ampliar el periodo que se usa para calcular el importe de la pensión, que hoy se sitúa en 15 años. El incremento de 5 años (hasta 20) que estudia el Ejecutivo reduciría las pensiones futuras un 5,5%.
Trabajo descarta que el Gobierno piense aumentar hasta los 70 años, desde los 65 actuales, la edad legal de retiro, pero ha eludido precisar la fecha exacta a la que finalmente se retrasará la marcha de los trabajadores, constatando una vez la falta de transparencia y responsabilidad de Celestino Corbacho.
El Ejecutivo aprobará el viernes el documento de reforma. Las fuentes consultadas por LD hablan de ampliar la edad a 67 años. Según el ministro de Trabajo no se conocerá hasta el final de la reunión cuántos años se retrasará la edad de jubilación. Esto implica que no se han realizado estudios exhaustivos que arrojen un poco de luz sobre la reforma. Como siempre, el Gobierno actúa tarde y mal.
Una vez que el documento de propuesta de Trabajo reciba el visto bueno del Consejo, será enviado a la patronal CEOE y a los sindicatos CCOO y UGT, con quienes el Ejecutivo tiene abierta una mesa de diálogo social tripartita para reformar el mercado laboral y el de las pensiones.
Además, también se remitirá a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo (órgano creado en 1995 para reformar las pensiones), del Congreso de los Diputados, porque es "donde deben adoptarse las recomendaciones futuras" para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha explicado Corbacho.
Ahora no se cumple ni el límite de 65 años
Sorprende esta decisión del Gobierno, ya que en la actualidad muchos trabajadores se retiran antes de los 65 años. Lo adecuado sería crear las medidas necesarias para que se cumpla esta premisa. De hecho, entre las recomendaciones del Pacto de Toledo una de las más importantes es conseguir que la edad real de jubilación se aproxime a los 65 años. Esta meta es fundamental para garantizar la salud del sistema de pensiones e, incluso, será necesario alargar aún más la edad, como ahora admite el Gobierno.
No obstante, es necesario recordar que existen muchas actividades que no permiten ampliar la edad de retiro. En concreto, la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social establece que "se mantiene la posibilidad de reducción de la edad de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad".
Además, Una vez realizada esta consideración se observan enormes diferencias entre la edad de jubilación de los funcionarios y de los trabajadores del sector privado. Nada menos que el 58,7% de los empleados públicos dejan de trabajar antes de cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación fijada para el resto de mortales. Pero lo que resulta aún más significativo es que el 32,4% de los funcionarios lo hace mucho antes.
El 40,8% de los trabajadores se retira antes
Las cifras de la Seguridad Social indican que el 40,8% de los empleados del sector privado se jubila antes de los 65 años, lo que supone una enorme diferencia respecto al 58,7% de los funcionarios, casi catorce puntos. En todo caso, ambos porcentajes son demasiado altos.
Si en este cóctel se incluye a los trabajadores autónomos, las diferencias son aún mayores, ya que las personas que tienen sus propios negocios dependen sólo de sí mismas, y en muchas ocasiones jubilarse más tarde es más una obligación que una opción. Sólo el 11% de los trabajadores por cuenta propia se retira antes de los 65 años.
El problema se agudiza cuando se observa la actitud del Gobierno ante la insostenibilidad del actual 
sistema de pensiones. Tanto el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, como su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, atacan duramente a todo aquel que ose poner esta cuestión sobre la mesa, aunque sean sus propios compañeros de partido los que lo planteen.
En el caso concreto de Corbacho su irresponsabilidad es mayor, ya que dice que garantiza las pensiones hasta 2025 basándose en una previsión del PIB errónea: según Trabajo España crearía empleo en 2009 con un crecimiento del 3%. No es broma.
Y es que, excepto el Gobierno, todos los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales saben la importancia del problema, sobre todo en este momento de sangría laboral, donde las afiliaciones a la Seguridad Social caen a un ritmo del 7% interanual y la pirámide demográfica se convierte en un pilar, al perder cotizantes al mismo ritmo que aumentan los pensionistas.
Un elemento de estabilización del sistema
El Comité de Protección Social sobre flexibilidad en las disposiciones relativas a la jubilación y su contribución a la prolongación de la vida activa constata este enfoque: una mayor flexibilidad en la edad de jubilación puede ayudar al ajuste de los sistemas de pensiones al envejecimiento demográfico.
Es decir, que "cualquier retraso en la edad efectiva de jubilación constituye ya de por sí un importante elemento de estabilización económica del sistema".
"Ni siquiera es necesario tocar en España la edad legal de jubilación. Basta con aumentar la edad real. Es una cuestión de gran relevancia impedir o limitar al máximo procesos de jubilación anticipada, de sectores o colectivos, cuyos efectos supongan incidencia financiera en la Seguridad Social. Y no dejarse arrastrar a dinámicas de generalización de un discurso de abandono anticipado del mercado laboral. Hay que cumplir la ley que declara esto un hecho excepcional, cuando sea imposible la modificación de las condiciones de trabajo", según señala el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo,Tomás Burgos.
Edad real de jubilación: 63,5 años
En España, la edad legal en la que se abandona el mercado laboral está marcada en los 65 años, pese a lo cual, la edad media efectiva de retiro se sitúa en los 63,5 años. El problema es que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida provocan que se dispare el número de años durante los que se cobran las pensiones, mientras que se mantiene estable el periodo de cotización.
Seguir trabajando más allá de la edad límite ya es posible de forma voluntaria. De hecho, en España ya se está incentivando esta práctica en las dos modalidades posibles. Por un lado, reduciendo la cuantía de la pensión a quien abandone el mercado laboral antes de esa edad y, por otro, aumentando la prestación a los que continúen trabajando hasta los 70 años como máximo.
Ligar los salarios a la productividad
Algunos países ya han optado por retrasar la edad legal de jubilación. Se ha tendido a endurecer las condiciones para la jubilación anticipada. Para el Banco de España es vital que las reglas del sistema de pensiones generen los incentivos adecuados para la permanencia en el mercado de trabajo y, esta permanencia debe también tratar de maximizarse a través un proceso de formación continua de los trabajadores y de flexibilidad salarial, que adecue los incrementos salariales a la productividad.
Por otra parte, se ha incentivado la permanencia en la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Y, finalmente, en nuestro entorno se ha decidido retrasar la edad de jubilación, aunque hay que admitir que esto solo se ha adoptado en un número reducido de países. Es el caso de Alemania, donde se ha procedido a aprobar muy recientemente un incremento gradual de la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años. Las distintas simulaciones disponibles por el Banco de España indican que esta es una medida con un fuerte efecto en términos de reducción del gasto en pensiones.
- Austria, incrementará de los 60 a los 65 años entre 2024 y 2033.
- Bélgica, para las mujeres, de los 64 a los 65 años desde 2009.
- La República Checa, incrementará hasta los 63 años para los hombres y de 59 a 63 años para las mujeres, para el año 2013.
- Dinamarca, incrementará de los 65 a los 67 años entre 2024 y 2027.
- Alemania, incrementará de los 65 a los 67 años entre 2024 y 2029.
- Hungría, incrementará de los 65 a los 67 años en 2020 para las mujeres y de los 62 a los 65 años para los hombres. Además, en una segunda fase, a 68 años para las mujeres y a 69 años para los hombres en 2050.
- Italia, incrementará de los 57 a los 58 años en 2008 y a 61 años en 2013.
- Reino Unido, incrementará a los 65 años en 2020 sin diferenciar entre hombres y mujeres y aumentará a los 68 años entre 2024 y 2046.
¿Pirámide o pilar?
De hecho, según el último análisis del Banco de España los problemas del sistema de pensiones son el resultado esencialmente de dos fenómenos: la brusca reducción de la tasa de natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida al nacer, que condicionan la estructura actual y futura de la pirámide poblacional española, convirtiéndola en un pilar.
Según las proyecciones demográficas actuales de Eurostat, elaboradas en 2008, la tasa de dependencia (población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar) se podría más que duplicar entre 2008 y 2050, desde el 24% actual hasta casi el 59% en 2050.
Las implicaciones de esta evolución demográfica sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones de reparto son de sobra conocidas. Se generaría una presión creciente sobre el gasto en pensiones, de forma que los modelos actualmente disponibles muestran que esta partida de gasto público prácticamente se duplicaría en el mismo período temporal referido, de forma que el sistema podría entrar en déficit creciente a partir de 2025.
España, el tercer país más viejo de la OCDE en 2050
España envejece con gran rapidez y en el 2050 será el tercer país más viejo de los que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un 35% de habitantes mayores de 65 años, según los datos dados a conocer ayer en Roma.
En 2005 los mayores de 65 años representaban el 16,8% de la población española, con un incremento previsto hasta el 20% en 2020 y el 35,7% en 2050. Con este dato, España se convertirá a mitad de esta centuria en el tercer país más viejo de los treinta que forman la OCDE, sólo por detrás de Japón (39,6%) y Corea (38,2%).