Uno de los alfiles separatistas del proceso ya está imputado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido la querella que la Fiscalía presentó hace cinco semanas contra la consejera de Gobernación y el secretario general del departamento por el concurso para la adquisición de ocho mil urnas por un importe cercano a los veinte mil euros. Meritxell Borràs, hija de uno de los fundadores de Convergencia y consejera autonómica de la cuota del PDeCAT, ostenta ya de manera oficial la etiqueta de investigada por el referéndum previsto para el 1 de octubre. Es la primera, puesto que los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, con la presidenta de la cámara Carme Forcadell a la cabeza, están siendo investigados por dar curso a votaciones sobre la hoja de ruta separatista previas al anuncio de la fecha de la consulta.
Borràs llegó a pedir al vicepresidente de la Generalidad y líder de ERC Oriol Junqueras que le diera la orden de comprar las urnas por escrito, lo que incrementó la tensión y los recelos entre convergentes y republicanos. Se decidió que no hacía falta la firma de Junqueras, "nominado" responsable de la organización del referéndum en la constitución del gobierno regional que sustenta Juntos por el Sí, la coalición formada por convergentes y republicanos. La Junta de Andalucía acababa de rematar la compra de un importante lote de urnas, lo que Junqueras utilizó de coartada para eludir dejar un rastro escrito de la organización del referéndum.
Sin embargo, el de la firma de Junqueras no fue el último escollo. Varios funcionarios por oposición de la consejería de Gobernación se negaron en redondo a formar parte de la mesa de contratación del concurso de las urnas. Borràs tuvo que recurrir a los cargos de confianza política, de modo que la querella alcanzó a su número dos, Francesc Esteve, hijo de Salvador Esteve, quien fuera alcalde convergente de Martorell y presidente de la Diputación de Barcelona con los votos del PP de 2011 a 2015. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, reacción nombrando a Esteve jefe de los servicios jurídicos de la administración autonómica.
El TSJC ha esperado al anuncio de Puigdemont para admitir a trámite y notificar la querella. Borrás ha recibido la notificación en compañía del ejecutivo en pleno y ha acusado al Estado de "urnafobo". Se la investigará, junto al hijo del exalcalde convergente, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.