Francisco Granados ha situado a Ignacio González en la cúspide de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Ha sostenido ante el juez instructor del caso Púnica Manuel García-Castellón que la formación recibió importantes inyecciones de dinero negro mediante entidades privadas y públicas como la fundación Fundescam y Arpegio. Ha extendido la acusación con argumentos menos sólidos en relación a otros altos cargos. Implica a la presidenta autonómica Cristina Cifuentes, según fuentes presentes en el interrogatorio, porque "tenía entonces una relación sentimental con González" y a Esperanza Aguirre porque "controlaba absolutamente todos los nombramientos en las administraciones de la Comunidad de Madrid".
Quien fuera secretario general del PP de Madrid y consejero regional, investigado ahora como cabecilla de la trama de corrupción, basa su estrategia en la inculpación del resto de los mandatarios políticos en busca de la benevolencia de la Fiscalía. Granados ha dicho que el conjunto de las decisiones correspondía a Aguirre y González y "no necesariamente en ese orden" aunque no ha aportado una sola prueba que respalde su reconstrucción de los hechos: "Yo no me voy llevando documentos de las administraciones, salgo y entro de los sitios con lo puesto. No me llevo nada para sacarlo cuando interesa, todo lo que he dicho se puede comprobar."
Ha atribuido a González todos los consorcios urbanísticos que firmaba a Arpegio con empresarios que habrían pagado comisiones como David Marjaliza. Granados cree que González "tenía en ocasiones más poder que Esperanza Aguirre".
Comparece a petición propia ante García-Castellón, el juez que instruye la Operación Púnica en la Audiencia Nacional. Granados ha sostenido que la candidatura de Aguirre acudió dopada a las campañas electorales organizadas durante su estancia en la secretaría general: las de 2007 y 2011. En esta línea, responsabiliza indirectamente a la expresidenta madrileña y, más en concreto, a su sucesor en el cargo Ignacio González, investigado por el caso Lezo en el Canal. Habrían participado del sistema el exconsejero madrileño y director adjunto de las campañas señaladas Borja Sarasola y el expresidente de la Asamblea y extesorero José Ignacio Echeverría.
Granados detalleaque la financiación ilegal se producía mediante entres privados y, sobre todo, públicos como la fundación Fundescam y Arpegio, que habrían pagado por servicios no prestados a proveedores de actos electorales para el PP de Madrid. La investigación sospecha que el PP de Madrid infló con más de 5 millones de euros en negro las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. Se apoya en la documentación incautada al exgerente Beltrán Gutiérrez Moliner con el detalle de la Caja B; además de las confesiones de algunos empresarios.
El principal imputado por la Púnica ha solicitado la comparecencia de hasta 30 cargos del PP madrileño y del exsecretario general del PSOE regional Tomás Gómez. La Fiscalía Anticorrupción remitió al juez Manuel García-Castellón un escrito donde establecía como requisito previo para aceptar las diligencias que Granados aportase pruebas que acreditaran la acusación contra los políticos incriminados.
Patrimonio oculto sin cifrar
La comparecencia ha comenzado con el desmentido por parte de Granados de las acusaciones de su exsocio y delator David Marjaliza. El exconsejero madrileño ha desvinculado su patrimonio oculto Suiza –que los investigadores no cuantifican hasta el momento– de la trama de corrupción. Reproduce el mismo guion que en intervenciones anteriores. Según ha explicado, Marjaliza le pidió 150.000 euros para pagar a su defensa porque, según Granados, había perdido dinero en actividades del narcotráfico. Le contestó que únicamente tenía un millón de euros en el altillo de la casa de sus suegros procedente de sus actividades anteriores en la banca.