"Votaremos" y "No tenemos miedo" fueron las consignas más coreadas en el mitin con el que los partidos separatistas abrieron la campaña del referéndum convocado por la Generalidad para el 1 de octubre. El acto tuvo lugar en la vieja plaza de toros de Tarragona, rebautizada como Tarraco Arena, e intervinieron, además de los mentados, la convergente Marta Pascal, la republicana Marta Rovira, el cupero Quim Arrufat y los jefes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como los alcaldes separatistas fueron los protagonistas del mitin.
El aforo de la plaza de toros, albero incluido, es de seis mil personas, pero los nacionalistas cifraron en ocho mil las que se congregaron en el recinto y en "miles" los que se quedaron con las ganas. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió por la mañana de que el acto era ilegal y especuló con una posible prohibición que finalmente no se produjo. La instalación estaba contratada desde hacía semanas y el bloque separatista llevó a cabo el acto sin ningún contratiempo.
Puigdemont presumió de que todos los consejeros habían firmado el decreto de convocatoria del referéndum y Junqueras peroró sobre la ofensiva del Estado. Todos dieron por descontado que el 1-O se celebrará una consulta en franca rebeldía contra las disposiciones del Tribunal Constitucional. En ningún caso se pidió explícitamente al público que votara "sí" al "estado catalán en forma de república" en el referéndum. Eso se reserva para las campañas que a partir de esta mañana llevarán a cabo el PDeCAT, ERC, CUP, ANC, Òmnium y la AMI, Asamblea de Municipios por la Independencia, con miles de actos en toda Cataluña. Sólo la vieja Convergencia tiene previstos más de seiscientos "eventos" hasta el 29 de septiembre.
Desacato permanente
Los anuncios del Gobierno y las iniciativas de la Fiscalía no alteran los planes del bloque separatista. Al cierre de la web del referéndum la Generalidad ha respondido con una réplica de la página alojada en un servidor de Luxemburgo. Correos ha dado instrucciones a sus empleados para que no distribuyan material del referéndum, pero la administración autonómica ha desvelado que cursará las notificaciones a los agraciados en el sorteo de presidentes y vocales de mesa a través de otras empresas. Este viernes, en teoría, comenzarán a llegar los avisos.
A mayor abundamiento, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado partidaria de la celebración del referéndum y ha declarado que el Ayuntamiento colaborará con la Generalidad. No ha despejado la duda de si cederá los colegios que son propiedad al cien por cien del municipios, pero el Consorcio de Educación de Barcelona, participado por la Generalidad y el Ayuntamiento a 60 y 40% garantiza la apertura de los centros de Primaria, Eso y Bachillerato. La administración autonómica dispone por tanto de los mismos centros que se abrieron en el 9-N de 2014.
Desobediencia burocrática
Además, la Generalidad se niega a publicar en el Diari Oficial, el BOE regional, la suspensión de las leyes del referéndum y transitoriedad jurídica. En la actual "legalidad catalana", el referéndum es perfectamente válido y este viernes 55.000 ciudadanos comenzarán a recibir las notificaciones de la Generalidad para que el próximo 1-O conformen las mesas electorales en calidad de presidentes y vocales. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó el miércoles a los ciudadanos de Cataluña que no obedezcan las órdenes de la Generalidad, pero la réplica de la web del referéndum sigue abierta y según presumió Junqueras ya son 46.000 las personas que se han prestado voluntarias para las tareas de celebración de la consulta.
Este viernes está previsto que Rajoy se desplace a Barcelona al término del Consejo de Ministros para apoyar a los dirigentes en Cataluña de su partido, viaje que se producirá un día después de que Oriol Junqueras haya advertido al ministro de Hacienda Montoro de que a partir de ahora no tiene intención de informarle de en qué se gasta la Generalidad el dinero que le presta el Estado.