Bono y Rojo se apresuran ahora a suprimir privilegios de los políticos

El Congreso y el Senado han dado hoy los primeros pasos para suprimir los privilegios en el régimen de pensiones de diputados y senadores, reducir al máximo los casos en que se les autorizan actividades privadas y abordar una reforma legal urgente que permita dar publicidad a sus bienes patrimoniales.

Las propuestas concretas han sido planteadas por el presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, en una reunión de las Mesas Conjuntas de ambas Cámaras, y las han trasladado a los grupos parlamentarios, que en principio las ven con buenos ojos, aunque alguno aboga incluso por medidas más duras.

Por el momento, el resultado más palpable de estos cambios será que a partir de septiembre los ciudadanos podrán conocer en las web oficiales de las dos cámaras legislativas con qué bienes y renta cuentan los diputados y senadores, algo que ya ocurría con sus actividades profesionales privadas, que también se van a restringir.

Para dar publicidad al patrimonio de los parlamentarios resulta necesario modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), tarea que Bono y Rojo quieren emprender de forma "exprés", con trámite de lectura única, a partir de una proposición de ley que firmarían todos los grupos parlamentarios.

Ello ocurriría entre los meses de junio y julio, de manera que quedaría tiempo a lo largo de agosto para que diputados y senadores actualizaran los formularios donde se reflejarán sus bienes.

José Bono ha defendido esta publicidad porque "cualquier velo que pretenda de alguna manera cubrir este tipo de información, en las circunstancias actuales, no es sino alimento para maledicentes y calumniadores".

Además, los dos presidentes han recomendado a las fuerzas políticas que promuevan reformas para hacer también públicos los bienes y rentas de todos los cargos públicos, sean estatales, autonómicos o locales, incluidos los de entes y empresas públicas, así como los asesores de confianza por ellos designados.

Para lo que no habrá reforma legal es para reforzar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios.

Bono y Rojo han concluido que no es preciso cambiar la LOREG, que ya obliga a su "dedicación absoluta", de manera que lo que hacen es instar a las comisiones que estudian la autorización de actividades compatibles a aplicar una "nueva doctrina".

Lo que pretenden es que la ley se aplique de forma más rigurosa, evitando resoluciones genéricas y motivando cada caso y, sobre todo, cambiando el actual "estatus" según el cual "las excepciones han perdido su naturaleza para transformarse en una suerte de regla general no querida originariamente por el legislador", afirman.

Están de acuerdo los grupos con esta medida, pero el portavoz de ERC, Joan Ridao, pide incluso ir más allá y modificar la ley para garantizar esa dedicación absoluta.

El tercer apartado de la propuesta se refiere al régimen de pensiones parlamentarias, unas medidas de orden interno que no exigen cambios legislativos y que los presidentes quieren aplicar de forma inmediata, aunque respetando los derechos ya adquiridos.

Así que han planteado, también con la anuencia de las fuerzas parlamentarias, la supresión de aquellos complementos de pensiones, indemnizaciones y ayudas que se han tachado de privilegios.

Ya no van a percibir el complemento que en su día se estableció para dar cobertura a diputados de las primeras legislaturas que sufrieron exilio y no pudieron cotizar a la Seguridad Social.

Tampoco podrán cobrar los exdiputados y exsenadores la indemnización mensual por cese si tienen trabajo, perciben algún tipo de honorario o cobran una pensión.

Igualmente desaparecen las prestaciones por fallecimiento para cónyuges o hijos menores de 25 años y otras ayudas extraordinarias que sólo se concederán si así lo acuerda una mayoría de tres quintos de los miembros de las Mesas.

Aunque el presidente del Congreso, José Bono , ha proclamado que los parlamentarios "queremos ser más transparentes que ninguno", y ha dicho que con estas propuestas "hemos abierto las puertas del Congreso y el Senado de par en par", ha tenido contestación por parte del senador del PNV Iñaki Anasagasti. Según este parlamentario, las medidas suponen "penalizarles" como si "ser político fuera un chollo" cuando "no lo es".

Además ha criticado que Bono y Rojo hayan entregado un acuerdo a los portavoces "casi cerrado" sin opción a discutirlo antes, aunque el presidente del Congreso asegura que recoge la mayoría de las sugerencias que en su día le hicieron los portavoces.