Sin que sirva de precedente, las asociaciones animalistas y los agricultores se han puesto esta vez del mismo lado para protestar por el tratado de libre comercio entre Mercosur y la UE que acaban de aprobar los Veintisiete. Aunque, obviamente, los motivos que esgrimen para oponerse al fin de los aranceles son muy diferentes.
Los animalistas, encabezadas por Eurogroup for Animals, sostienen que el acuerdo "amenaza a millones de animales" al facilitar la entrada de productos procedentes de sistemas de producción que "no cumplen los estándares europeos de bienestar animal". Además, denuncian que "allana el camino para un aumento de las importaciones de carne de vaca y pollo desde países donde los animales suelen criarse bajo condiciones agrícolas crueles (como en corrales de engorda y granjas avícolas saturadas)".
Aseguran que los animales salvajes y sus hábitats "también sufrirán", porque "al ampliar el comercio de carne de vaca, cuero y soja para alimento animal, se espera que el acuerdo impulse una mayor deforestación y destrucción de hábitats", ejerciendo presión sobre especies que ya están en peligro y, afirman, "es poco probable que se solucione" con las cláusulas de salvaguarda o con las normas antideforestación de la UE.
Beneficio para consumidores y presión sobre agricultores
En su comunicado, Eurogroup for Animals ha roto una lanza en favor de los productores agrícolas (sin que sirva de precedente) con los que ahora sí empatiza. Asegura que el acuerdo envía una señal "contradictoria" a los agricultores de la UE, a quienes se les exige "cumplir con estándares más altos de bienestar animal y medioambientales, mientras que deben competir con importaciones más baratas producidas bajo requisitos más bajos" y "este desequilibrio amenaza tanto la viabilidad agrícola como la confianza pública en los sistemas alimentarios de la UE".
Del mismo modo, otras ONG ambientalistas advierten de que el intercambio comercial implica que Europa exportaría a Latinoamérica productos industriales, automóviles, plásticos y pesticidas, que califican de "altamente contaminantes", a cambio de materias primas agrícolas "cuya producción estaría ligada, en muchos casos, a la destrucción de ecosistemas".
Desde el punto de vista económico, el acuerdo busca reducir las barreras arancelarias, aumentar la competencia y ampliar la oferta, lo que previsiblemente se traducirá en precios más bajos para el consumidor final, especialmente en productos básicos como carne y derivados. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, el abaratamiento de la cesta de la compra es uno de los principales argumentos de quienes defienden el tratado, entre los que no están ni los productores de alimentos ni los animalistas.