Los sindicatos policiales CEP y SPP, mayoritarios en la Policía representando a 31.000 afiliados, han emitido un comunicado para denunciar "amenazas de muerte e intentos por localizar los datos personales sobre identidades y domicilios de varios miembros de la Unidad de Intervención Policial que formaron parte del dispositivo" desplegado durante la JMJ.
Los funcionarios lamentan el ensañamiento que se está produciendo con determinados "compañeros", todo ello tras la creación de diferentes soportes informáticos en internet.
"La labor de señalamiento que se está produciendo con determinados funcionarios, colgando en internet decenas de fotografías suyas con un claro objetivo amenazante, ha dado paso a comportamientos mucho más graves, que van desde amenazas directas de muerte (reclamando tiros en la cabeza) hasta la petición de datos sobre identidad y domicilio de los funcionarios para agredirles". Asimismo, han criticado la difusión masiva de imágenes y datos de los policías, además de que se les imputen delitos "sin prueba alguna" como el de tortura o asesinato.
Ante esta situación, la Confederación Española de Policía ha adoptado diferentes medidas contra estas "campañas delictivas" en la red y van a desarrollar una actividad de vigilancia permanente de los diferentes soportes que internet pone a disposición de los ciudadanos.
También han asegurado que internet no puede convertirse en un escenario de impunidad, en el que cualquier persona amparada en el anonimato pueda cometer todo tipo de delitos, mientras "critica el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía".
Los sindicatos, que han vuelto a pedir responsabilidades a la delegada del Gobierno en Madrid así como al ministro del Interior, Antonio Camacho – que lleva días desaparecido –, ha recordado que el 17 de agosto hubo "6 policías lesionados y otros tantos manifestantes y que el jueves 18 hubo 5 policías heridos y ningún requerimiento del Samur para los manifestantes".