48 leyes aprobadas en Cataluña pendientes del fallo

Según cálculos del gobierno catalán, desde la entrada en vigor del Estatut, en agosto de 2006, el Parlamento catalán ha aprobado 48 leyes, una parte de las cuales puede verse condicionada por el fallo que ha desencallado este lunes la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas.

Entre el casi medio centenar de leyes aprobadas por el Parlamento catalán en cumplimiento del Estatut, hay algunas tan importantes como la de Educación, que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y que blinda la inmersión lingüística en las aulas.

La nueva ley del Síndic de Greuges, criticada por el Defensor del Pueblo porque entiende que limita su influencia en Cataluña, o bien la de creación del Consejo de Garantías Estatutarias son otras normativas surgidas del Parlamento.

La ley de consultas populares por vía de referéndum, la de fosas comunes o la del derecho a la vivienda en Cataluña, que prevé el alquiler forzoso de pisos desocupados, son otros de los frutos del Estatuto en Cataluña.

Y lo mismo sucede con la ley de creación de la Oficina Antifraude, con la de creación de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo o con la ley catalana de acogida de inmigrantes, otras normativas aprobadas en Cataluña en cumplimiento de esta ley orgánica.

Además, una quincena de proyectos de ley esperan salir adelante en el Parlamento catalán antes de que acabe la legislatura, entre ellos el del cine o el de veguerías, que altera la organización territorial actual de Cataluña en provincias.

Respecto a la parte estatal, la financiación es el punto más importante del Estatuto que está en vigor, ya que Gobierno y Generalitat pactaron en julio de 2009 el nuevo sistema, que sitúa por primera vez a Cataluña por encima de la media española.

El Estatuto ha permitido incrementar los tributos cedidos a Cataluña al pasar a gestionar el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales, aunque está pendiente conformarse un consorcio entre la agencia tributaria española y la catalana.

También está en vigor la polémica disposición adicional tercera, que compromete al Estado a invertir en Cataluña durante siete años en proporción a su aportación al PIB, es decir, el 18,8%, que debía comportar, antes de los recortes por la crisis, más de 30.000 millones de euros hasta 2013.

El traspaso del servicio de Cercanías de Renfe o la inspección de trabajo también han surgido de la negociación entre Generalidad y Gobierno en los últimos años.