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¿Consenso o cambalache constitucional?

Desasosiego político provoca que un paquete de reformas, no entro ahora en valorar su calado, se hayan pactado por los dos grandes partidos en tan poco tiempo sin apenas ser explicadas ni debatidas en la sociedad y en el Parlamento.

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Contrasta el alto nivel de satisfacción que reflejan las elites del PSOE y el PP por el consenso obtenido para alcanzar el equilibrio presupuestario con el rigor crítico, e incluso de acerado sarcasmo, con el que se están analizando las medidas. El diálogo y el consiguiente acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP fueron, al principio, muy bien recibidos por los ciudadanos en general y por los medios de comunicación en particular. Pero, al poco tiempo, casi a las 48 horas, de ser conocidos los procedimientos y los contenidos del paquete de las reformas, especialmente la referida al cambio constitucional, se ha producido una reacción crítica virulenta no sólo por una parte de la opinión pública reflejada en los medios de comunicación, sino también por un buen puñado de especialistas en cuestiones económicas y también en Derecho Constitucional.

Es como si se hubiera pasado de una actitud de entusiasmo por el consenso entre PP y PSOE, después de no sé cuánto tiempo sin hablarse ni mirarse el Gobierno y la Oposición, al derrotismo de quien ya ha empezado a ver en ese acuerdo un cambalache entre las elites políticas para engañar a los mercados y, de paso, a los países de vanguardia de la UE. Sin militar entre las filas de los entusiastas y, por supuesto, lejos de quienes no quieren analizar el potencial altamente simbólico, decisivo siempre en las democracias, que tiene este consenso para la política española, quiero creer que es necesario pasar por una etapa intermedia de cierto desasosiego intelectual y político.

Desasosiego intelectual, sin duda alguna, produce el procedimiento elegido para controlar el déficit estructural del Estado y, sobre todo, de las Autonomías a través de una reforma de la Constitución a mata caballo y, seguramente, sin haber sido explicada con la pedagogía suficiente a los ciudadanos; por no hablar, naturalmente, de quienes cuestionan la legalidad de la reforma sin pasar por la vía del referéndum. La búsqueda del equilibrio de los presupuestos a través de una cláusula constitucional no deja de resultar un procedimiento alambicado, por decirlo suavemente, que más parece querer ocultar algo que dar satisfacción a una exigencia de la UE.

Desasosiego político provoca que un paquete de reformas, no entro ahora en valorar su calado, se hayan pactado por los dos grandes partidos en tan poco tiempo sin apenas ser explicadas ni debatidas en la sociedad y en el Parlamento, en fin, sin política de verdad. Es como si unos, los del PP, quisieran exagerar su alto espíritu de consenso para el presente y el futuro; y los otros, los del PSOE, tapar algunos agujeros importantes después de los boquetes terribles que han hecho en la hacienda pública. En fin, el alambicado y aparatoso procedimiento elegido para fijar un límite al déficit estructural mueve a la sospecha y al desasosiego político e intelectual, sobre todo si se tiene en cuenta que los acuerdos alcanzados entre el PP y el PSOE son menos exigentes que la Ley de Estabilidad de 2001 y la reforma de 2006.

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