Para lograr con rapidez el desarrollo y eliminar la pobreza, vamos a dejar a los ciudadanos en libertad, sin tutelas ni amarras.
Abriremos la economía, eliminando los aranceles y protecciones a productores en lo agrícola, industrial, financiero, en los llamados acuerdos de “libre comercio”, coches usados y todo lo demás.
Suprimiremos las aduanas y tendremos fronteras abiertas a capitales y personas, incluyendo a los profesionales. Y vamos a dolarizar la economía. Dejaremos el IVA y un impuesto parejo a los ingresos de 12 por ciento, y eliminaremos las exenciones, contribuciones, timbres y estampillas, herencias y todos los demás robos tributarios. Sólo con esto, el ingreso real de los pobres aumentará –fácil– en 10 por ciento, sin afectar el presupuesto porque se reducirá la evasión.
En adelante, los contratos laborales serán voluntarios para las partes y así lograremos el pleno empleo, como ocurre en todos los mercados libres, que se equilibran solos.
Además, habrá libre emprendimiento, sin trámites municipales, estatales, tributarios o laborales, y la papelería inútil se eliminará. Daremos tres años para cumplir con los burocratismos.
Habrá libertad de educación, sin programas, textos, acreditaciones ni pruebas oficiales. Los apoderados y propietarios elegirán un directorio y los colegios competirán, lo que mejorará la calidad ahora, como ocurre en todos los mercados y como se vio en Nueva Zelanda. Las universidades serán autónomas y se entregarán bonos para la demanda de pobres, reasignando los recursos hacia los niveles básico y medio.
Con pleno empleo, libre emprendimiento, apertura y educación de calidad, saldremos del subdesarrollo, mejorando la distribución del ingreso; sobre todo, si se incentivan la pareja estable y la caridad, y se extiende y defiende la propiedad de los pobres contra el crimen.
En salud, haremos lo mismo. Y, con los enormes recursos que se ahorrarán –piense en el gasto “social” desde 1990, sin mayores beneficios–, daremos un monto por carga familiar a todos los hogares pobres. Si falta plata, cerraremos las oficinas, programas, regalos de dinero y ministerios que están de más.
El patrimonio de todos los ciudadanos se lo devolveremos, para aprovecharlo: tierras, aguas, islas, bosques, termas, orillas de lagos, playas, reservas mineras, estuarios y empresas estatales, tales como ferrocarriles y bancos del Estado. Igualmente en lo ambiental, donde el crecimiento, los derechos de propiedad, las reglas simples de protección y el uso de tribunales deben reemplazar al prohibicionismo vigente.
En política, apertura y competencia, con libre entrada, Estado neutral, prohibición de reelecciones y gastos reservados, altos quórum para leyes represivas –como las tributarias o las contrarias a la libre empresa– y una suerte de federalismo, con regiones y municipios con poder y autonomía. Una verdadera reforma del Estado.
La libertad requiere de responsabilidad y respeto por los demás. El Estado debe hacer bien lo que hoy hace mal: velar por los derechos ciudadanos, libertad, propiedad, cumplimiento de los contratos, seguridad y justicia de verdad, disuasivas de los delitos. No más leyes represivas inútiles y costosas en lo cultural, parejas y drogas, para así reducir gastos, líos y crímenes.
