En esta columna que amablemente me cede este diario no había dedicado ningún artículo específicamente al caso Faisán. Me parecía, y me sigue pareciendo, gravísimo que desde el Gobierno se hubiera avisado a unos terroristas de la operación policial que se cernía sobre ellos para no poner en peligro la estrategia de Zapatero en su mal llamado proceso de paz.

Pero los últimos datos que hemos conocido cuando la juez antiterrorista francesa ha remitido los papeles incautados a ETA superan todos los límites éticos, morales y legales. La historia se repite. Todos los gobiernos socialistas, y el de Zapatero no es una excepción, han actuado en la lucha antiterrorista buscando atajos, al margen de la ley.

Existió una época negra en España con el Gobierno de Felipe González. Desde el Estado, como si el fin justificase los medios, se malversaron fondos reservados, se secuestró y se asesinó. Se buscó un atajo para acabar con ETA pero se consiguió todo lo contrario y la banda terrorista salió reforzada. Se vulneró el Estado de Derecho. Mientras tanto, desde el PSOE se decía a la oposición que no incluyera la lucha antiterrorista en el debate político, que denunciar la actuación de los GAL suponía proteger a ETA. Nada más lejos de la realidad. A ETA como a cualquier banda criminal, se le vence desde y con toda la fuerza del Estado de Derecho, sin falsos atajos, sin cloacas.

Luego vinieron los ocho años del Gobierno de Aznar. Se luchó contra ETA utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho. Se buscó su exclusión de la vida política, social y económica. Se aprobó una ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, como homenaje y reconocimiento de la sociedad española a quienes tanto habían sufrido. Se aprobó una ley de partidos para que los terroristas no pudieran estar en las instituciones, ni recibir dinero público o acceder a información sensible. No se claudicó ante los más viles y crueles chantajes y asesinatos de la banda. Gracias a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la movilización de la sociedad al grito de "basta ya", a las medidas legislativas y a la cooperación internacional, ETA se encontraba más débil y aislada que nunca.

La llegada de Zapatero al poder en 2004 supuso un cambio en la política antiterrorista. Creyó que, a base de buenismo, talante y cesiones, arreglaría los problemas de España, el terrorismo de ETA e incluso el terrorismo mundial. Dentro de esa dinámica, puso en marcha una estrategia de negociación política con ETA. El gobierno no se limitó a sentarse con los terroristas para que entregaran las armas sino que estableció negociaciones de contenido político dispuesto a "pagar" por la entrega de las armas. Se trataba de una rendición del Estado ante ETA. La sociedad se levantó frente a una actuación inaceptable. Se celebró en Madrid la mayor manifestación de la democracia, en rechazo de la negociación. Sin embargo, el Gobierno despreció el clamor de la sociedad española y siguió negociando con ETA. Tras el atentado de la T4 en enero de 2007, Zapatero afirmó que rompía la negociación con ETA. Pero no fue así. El propio presidente de los socialistas vascos, Eguiguren, lo ha reconocido.

Hemos sabido que, para preservar la negociación, el gobierno socialista actuó vulnerando el marco legal. Una vez más se buscaron atajos. Durante el mal llamado proceso de paz, se cedió al chantaje de De Juana Chaos; se permitió que ETA, a través de distintas marcas, volviera a las Instituciones; desde la fiscalía se rebajaron las penas exigidas a los terroristas; se humilló a las víctimas; tuvo lugar el chivatazo del Faisán... Mientras tanto ETA seguía rearmándose, construyendo zulos y extorsionando.

Por las actas incautadas a los terroristas hemos sabido que "para blindar el proceso" se hicieron cambios en el gobierno, se sustituyó al fiscal jefe de la Audiencia, se dieron órdenes de no hacer detenciones, se pidieron disculpas por las que no se pudieron evitar. Se rebasaron todos los límites éticos, morales y legales, llegándose a que desde el propio Ministerio del Interior se desmantelara una operación policial contra la trama de extorsión de la banda.

El Gobierno mintió al inicio y durante la negociación. Siguió mintiendo cuando afirmó que la rompía. Ha mentido en el Parlamento. Ha mentido y sigue mintiéndonos a todos los españoles. No ha dado explicaciones ni ha respondido políticamente por sus mentiras, por sus infamias, por el delito de colaboración con banda armada, por su actuación al margen de la ley. Vuelve a las viejas afirmaciones de los tiempos del GAL y, curiosamente, por boca de la misma persona que entonces las hacía: Rubalcaba.

Pero el demagogo acaba siempre siendo víctima de su propia propaganda. Rubalcaba el 13 de marzo de 2004 dijo que "los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta". Pues eso.