La protesta violenta contra la reducción de las ayudas al sector de la minería del carbón está a punto de cumplir tres semanas ininterrumpidas, saldadas hasta el momento con ocho heridos de diversa consideración entre los que se encuentran guardias civiles, periodistas e incluso ciudadanos que trataban de circular por la vía pública, tomada al asalto por grupos organizados de mineros dispuestos a llevar su boicot mafioso hasta las últimas consecuencias.
Es intolerable que se atropellen los derechos de los demás ciudadanos poniendo incluso en riesgo sus vidas, como está ocurriendo en Asturias con los sabotajes en las carreteras y las vías de ferrocarril. Más aún si los autores pertenecen a un sector deficitario como el carbón español, que subsiste únicamente gracias a las subvenciones públicas entregadas por los distintos gobiernos, ante la imposibilidad de hacer rentables unas explotaciones que hace mucho debieron desaparecer.
Todos los españoles llevamos décadas financiando con nuestros impuestos las explotaciones mineras de las cuencas carboníferas de Asturias y León, gracias a lo cual sus trabajadores han permanecido a salvo de los vaivenes de la economía nacional, manteniendo un trato laboral y unas jubilaciones más que ventajosas respecto a la media española.
Esta ingente ayuda financiera, es preciso señalar, tenía como objetivo primordial el desarrollo de otras industrias en la zona capaces de absorber el empleo que ya no era necesario en las labores de la mina. Sucede que los órganos encargados de aplicar los fondos para esa reconversión industrial fueron, cómo no, las respectivas comunidades autónomas, con el resultado de que se ha invertido muy poco y muy mal a tenor de los datos ofrecidos por Rajoy en su comparecencia en el Senado para tratar este asunto.
No será preciso recordarle a los mineros que emplean la violencia contra un gobierno del PP para mantener sus prebendas que fue José Luis Rodríguez Zapatero, aquel presidente que inauguraba el curso político con un pañuelo al cuello junto a ellos en Rodiezmo, el que sentenció finalmente el futuro de la minería financiando el no menos deficitario sector de las renovables, lo que no ha impedido a los dirigentes socialistas de la zona actuar con la desvergüenza habitual, dando cobertura incluso parlamentaria a las actuaciones ilegales de aquellos a los que han traicionado.
En la situación actual de grave penuria en las arcas públicas es inconcebible mantener las subvenciones a un sector incapaz de valerse por sí mismo. En España hay casi seis millones de españoles que han perdido su trabajo, con centenares de miles de empresas que han tenido que cerrar, los cuales no tienen por qué financiar los privilegios que otros trabajadores y empresarios mantienen desde hace décadas.
Si los mineros quieren protestar que lo hagan pacíficamente ante las sedes del PSOE, que inventó el timo de las renovables a costa de la energía del carbón, y de sus respectivas comunidades autónomas, que han dilapidado los fondos destinados a reindustrializar la zona. Lo demás es pura mafia organizada que el gobierno tiene el deber de reprimir con la mayor contundencia.