Si el presidente del Gobierno hubiera querido de verdad abortar la insurrección guerracivilista y totalitaria contra el Tribunal Supremo que él mismo ha gestado con su sectaria y cainita Ley de Memoria Histórica, con su desprecio a la transición y con sus públicos respaldos a un juez imputado por tres delitos de prevaricación como Garzón, en lugar de pedir hipócritamente respeto al poder judicial, lo primero que habría hecho es condenar abiertamente las calumnias que han sufrido los magistrados del Alto Tribunal, para acto seguido cesar de sus cargos a quienes, como el secretario de Estado Gaspar Zarrías o el miembro de la Ejecutiva Federal Pedro Zerolo, participaron y aplaudieron en el aquelarre antidemocrático vivido en la Complutense el pasado martes.

Ya resulta impresentable que una institución que se financia con dinero público y que debería ser ejemplo de respeto y tolerancia, como es una universidad, se utilice para insultar a los miembros del Poder Judicial. Tan impresentable como que UGT y CCOO movilicen a liberados sindicales, financiados con el dinero del contribuyente, con el mismo antidemocrático objetivo de denigrar a los miembros del Tribunal Supremo. Ahora bien, que miembros del Gobierno y del partido que lo ocupa, como Zarrías o Zerolo, sigan ostentando sus cargos después de haber dado respaldo a ese acto insurreccional contra el Estado de Derecho es muestra de la impostura del presidente del Gobierno.

Otro tanto se podría decir de otro entusiasta participante en el acto, como el alcalde y presidente de la FEMP, Pedro Castro. Zapatero ya respaldó a Castro cuando éste, en una muestra de desprecio a la democracia y a la federación de municipios de muy distintos signos políticos que preside, llamó "tontos de los cojones" a los votantes del PP. Aunque él no los haya proferido ahora, el respaldo de Castro a un acto en el que se han dirigido insultos mucho más graves contra los magistrados del Supremo sería más que suficiente para que Castro cesara de manera fulminante.

A este respecto bien está que desde el PP y UPyD, Rajoy y Díez, respectivamente, hayan pedido con la necesaria firmeza la dimisión del secretario de Estado Zarrías. Pero no deberían olvidar el cese que, por el mismo motivo, merece quien preside la Federación que agrupa a todos los municipios de España.

Otro prueba de que el presidente y su Gobierno fingen querer parar con una mano lo que en realidad están impulsando con la otra son las declaraciones de este mismo miércoles de varios miembros del Ejecutivo y del PSOE. Así, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tras la retórica petición de "respeto a la justicia" con la que simulan estar al margen del agitprop guerracivilista, ha pasado inmediatamente a decir que en España siguen existiendo "restos del franquismo". Vamos, como si la razón por la que Garzón estuviera imputado no fuera la ley que nos hemos dado en democracia.

¿Y qué decir del lehendakari socialista, Patxi López, que ha acusado a los magistrados del Supremo de "connivencia" con los que acusan y de "avalar la utilización perversa de uno de los grandes logros de la democracia como es la acusación popular"? Si la acusación popular es ciertamente un logro democrático es precisamente porque amplia el derecho de todos los ciudadanos a apelar a la justicia, derecho que, a la vista está, los defensores de Garzón pretender conceder o negar a los ciudadanos en función de su ideología.

Finalmente, no nos podemos dejar en el tintero al titular de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien, siguiendo el mismo guión, ha empezado por decir que "hay que mirar al fututo", para acto seguido apelar a la necesidad de "reparar la memoria del pasado". "Por eso me cuesta mucho trabajo entender y comprender que los falangistas sienten en el banquillo a aquel que ha tratado de recuperar la memoria de los que sufrieron la dictadura".

Además de que no es tarea ni de un juez ni de ningún político "reparar" algo tan subjetivo y personal como es la memoria de cualquier ciudadano, si Garzón se sienta en el banquillo no es por la existencia de la Falange, sino por su inobservancia, presuntamente deliberada, de la ley. Si esto no lo entiende el ministro de Fomento, que se vaya a casa y que lea la Constitución. Ni siquiera aspiramos a que concluya su carrera de Derecho.