No es la primera vez que el TC da orden de suspender una resolución aprobada por el Gobierno o el Parlamento de Cataluña destinada a subvertir el orden constitucional. Tampoco es la primera vez que los separatistas hacen caso omiso. Ya en febrero de este año el Alto Tribunal dictó orden de suspensión contra la no obstante todavía existente Consejería de Exteriores de Cataluña, una de esas ilegales “estructuras de Estado” que los separatistas habían erigido poco después de haber dedicado un ostentoso y burlón desprecio al pronunciamiento del 2 de diciembre del 2015 por el que TC había ordenado suspender la resolución del Parlamento catalán de noviembre del mes anterior por la que se aprobaba la desconexión con el Estado (“especialmente" con "su Tribunal Constitucional”) y se proponía la creación en Cataluña de “un Estado propio en forma de República”.
A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que el TC ya se había pronunciado en enero de 2015 contra la no menos golpista resolución de 2013 que proclamaba al pueblo de Cataluña “sujeto político y jurídico soberano”, como también lo había hecho meses antes con dos sentencias casi consecutivas que prohibían expresamente la celebración de la consulta secesionista que, no obstante, se celebraría el 9 de noviembre de 2014.
Lo cierto es que, desde que Artur Mas proclamara, allá por noviembre de 2012, "N nos pararán tribunales ni Constituciones", no ha habido un solo pronunciamiento del TC contrario al proceso separatista que no haya sido clamorosamente desobedecido, de palabra y obra, por los promotores de este golpe de Estado permanente que se perpetra desde Cataluña.
Las advertencias de índole penal que los magistrados del Constitucional hacen en su última resolución pueden ser asumidas por los separatistas con la misma hilaridad y desprecio que ya brindaron a las advertencias penales que también contenía la suspensión del "proceso de desconexión" con el resto de España emitida en noviembre de 2015. Y es que de nada sirven las advertencias, las suspensiones, las sentencias y las leyes que no se cumplen ni se hacen cumplir.
En este sentido, el bochornoso ridículo que están protagonizando nuevamente los magistrados del TC, cuyos pronunciamientos no tardan ni 24 horas en ser desobedecidos, no es responsabilidad del Poder Judicial sino del Gobierno de la Nación, no por nada llamado Poder Ejecutivo, que es el máximo responsable de que los pronunciamientos de los tribunales no queden en papel mojado.
Algunos tratarán de disculpar la irresponsable inhibición del Gobierno de Rajoy, rayana en la felonía, en el hecho de que todavía está en funciones y, en esas circunstancias, poco es lo que puede hacer. Sin embargo, al margen de que el imperio de la ley no admite intermitencias y de que la vigilancia del orden constitucional es una de esas funciones que todo Gobierno tiene legalmente encomendadas, asistimos a este continuado delito de desobediencia desde los tiempos en que el partido de Rajoy gozaba de una holgadísima mayoría absoluta.
Lo más lamentable es que no parece que exista una alternativa a este irreconocible Gobierno del PP, que, por evitarse el deber de intervenir y de hacer cumplir la ley, hasta cubre con los fondos del FLA los agujeros que desde 2012 deja el desvío de fondos públicos que se están destinando al, además de ilegal, oneroso proceso de construcción nacional de Cataluña. A la contraproducente y conocida cantilena del PSOE sobre la reforma de la Constitución se ha sumado el clamoroso silencio de una formación como Ciudadanos que parece haberse acomodado a la estrategia del PP de endosar el asunto repetidamente al Tribunal Constitucional.
Y así seguiremos mientras no haya conciencia de que el epicentro de la crisis nacional se encuentra en Madrid y no en Cataluña, donde sólo afloran sus síntomas.