Desde su segunda derrota electoral en 2008, Mariano Rajoy optó por un cambio de rumbo, consolidado en el congreso del PP celebrado aquel año en Valencia, marcado por la adopción de un perfil bajo en su estrategia política, que postergaba los asuntos percibidos como polémicos, un saco en el que se metían dos cuestiones cruciales para la Nación española: la lucha antiterrorista y la reforma de un Estado autonómico que se ha convertido en el principal aliado de los nacionalistas en su afán por liquidar España.
La crisis no hizo sino reforzar esta estrategia, en la que solo caben las cuestiones económicas, que ha seguido en estos primeros cien días de gobierno. Es lo que erróneamente define Mariano Rajoy como "lo que de verdad importa a la gente ". Más allá de la percepción que cada uno pueda tener de lo que realmente importa, es evidente que en medio de una crisis tan brutal la principal preocupación de los ciudadanos es una mejora de la situación económica, que despeje las dudas que casi todas las familias tienen sobre su porvenir. El error de los estrategas del PP está en entender la economía como un compartimento estanco y fiar la recuperación únicamente a medidas, necesarias pero insuficientes, de carácter técnico.
Cuando el propio Gobierno habla de "bomba de relojería" autonómica o admite en privado que Andalucía puede duplicar el objetivo de déficit, está situando delante de sus propias narices el principal problema que hasta hace dos días no quería ver. La desconfianza con la que los mercados recibieron los Presupuestos no obedece tanto a su contenido, como a la incredulidad general de que las Autonomías vayan a cumplir y, lo que es más grave, que el Gobierno de la Nación lo pueda garantizar.
Es el momento de sacudirse de una vez por todas los miedos y complejos y abordar de forma urgente una reforma constitucional que permita reconducir al Estado a un modelo de gestión racional y eficiente, blindado contra la deslealtad y el chantaje permanente de los nacionalistas de todos los partidos.
Hasta que llegue esa reforma, la Constitución dota al Gobierno de instrumentos de control e intervención de las autonomías, como bien dijo Montoro en la presentación de los Presupuestos. Sólo depende de la voluntad y determinación del Ejecutivo de llegar hasta el final e intervenir una comunidad autónoma si es necesario. Ahí es donde nace la desconfianza general. El discurso huidizo ante el desafío permanente planteado por CiU convierte en un acto de fe, casi imposible, confiar en la firmeza de este Gobierno en el control de las autonomías. Nuestros acreedores, los mercados que tanto preocupan en Moncloa, también saben que el mismo partido del Gobierno apoya en Cataluña a quienes promueven ya abiertamente la independencia. Si no hay España, será imposible confiar en ella.