De las obscurantistas componendas que el gobierno de ZP y sus socios separatistas están llevando a cabo, respecto del futuro del estatuto soberanista catalán –y, por ende, del futuro de España–, cabe destacar las maniobras, filtraciones y globos sondas para tratar de conservar, ya sea en el preámbulo, ya sea en el propio articulado del Estatut, una inconstitucionalidad tan nuclear y fragrante, como sería, en ambos casos, la proclamación de Cataluña como nación.
De la misma forma que el preámbulo y título preliminar de nuestra Ley de leyes forman parte indisociable del cuerpo constitucional, también el preámbulo de un estatuto, forman parte, junto a su articulado, del todo legislativo. Ni en un sitio, ni en el otro, puede aparecer en un estatuto de autonomía una proclama tan anticonstitucional como sería calificar a Cataluña con esa, por lo demás, rotunda falsedad histórica. Sería tanto como jactarse de la inconstitucionalidad que ahora toca maquillar y encubrir.
Valga recordar esta obviedad, para salir al paso de las maniobras rubalcanianas de disminuir la gravedad de esta cuestión en función de donde aparece, así como para afrontar la desautorización del ministro Montilla a Rodríguez Ibarra, quien, tras cenar con ZP, había asegurado rotundo que el término "nación" sería erradicado del estatuto. Montilla le ha respondido al presidente extremeño, por el contrario, que "esto depende de las negociaciones que se están llevando a cabo por los interlocutores designados por el presidente del Gobierno, entre los cuales estoy yo, no está el señor Rodríguez Ibarra".
Al margen de los maquillajes y globos sondas –que, en cualquier caso, también hay que pinchar–, lo que parece que sí "va a misa" –por utilizar la rotunda expresión del separatista Joan Tardá– es la imposición del liberticida y excluyente régimen lingüístico del Estatuto, que amplia y eleva a rango de ley al que de facto y en menor medida ya padece Cataluña.
A pesar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que niega que el derecho a usar el catalán sea equivalente al deber de conocerlo, el separatista ha desmentido las ultimas declaraciones de Zapatero y ha afirmado, categórico, que el cuatripartito no permitirá que se "rebaje ni se devalúe un ápice" este punto.
Si el monumental escándalo destapado por el diario El Mundo –y silenciado por las elites políticas y mediáticas de Cataluña– , sobre los historiales clínicos y el uso de la lengua, revela el fanatismo del que es capaz el delirio nacionalista, mayor gravedad adquiriría que ese insaciable delirio tuviera, con el estatuto, amparo legislativo.
El cinismo rubalcaniano también pretende, sin embargo, quitar gravedad a ese liberticida y excluyente "deber lingüístico", como si este fuera inane y simplemente retórico. Vamos, como si los nacionalistas no hubieran demostrado ya de lo que son capaces soslayando la ley; como para no temer cosas peores si se les concede amparo legislativo a todos sus excesos.
En cualquier caso, asistimos a cómo el cinismo rubalcaniano y el separatismo más radical conforman e imponen, al margen del consenso constitucional de 1978, el futuro de Cataluña, del País Vasco y del resto de España. Esta alianza es el gobierno del nihilista ZP, el gobierno del 14M.
