Tras 52 años de terrorismo y miles de asesinatos, secuestros y violaciones de derechos humanos, el Gobierno de Colombia ha alcanzado un acuerdo con uno de los grupos terroristas más longevos, responsable de haber aterrorizado a varias generaciones de colombianos. Las FARC, una organización terrorista de estirpe comunista, devenido uno de los cárteles más poderosos del narcotráfico a escala mundial, ha conseguido la rendición del Gobierno legítimo colombiano con un pacto que no puede ser más ventajoso para los integrantes de la banda criminal.
Cuatro largos años de negociaciones en La Habana, patrocinadas por los Castro, han culminado en un acuerdo que quedará firmado mañana lunes y será sometido a referéndum el día dos de octubre. Tan sólo con los votos a favor del 13% del censo electoral quedará sancionado este pacto de impunidad para los integrantes de una de las bandas terroristas más sanguinarias de la historia a escala mundial.
No es extraño, por tanto, que hayan surgido voces de peso dentro de Colombia, como los expresidentes Uribe y Pastrana, en contra de este apaño, gestionado por un gobernante que dejará a su país a merced de una organización narcomarxista, habilitada a partir de ahora para llevar a cabo sus objetivos dentro de la legalidad.
Como acertadamente han interpretado los dos expresidentes contrarios a esta rendición del Estado de Derecho, la presencia de mandatarios de otros países en la firma del acuerdo supone otorgar marchamo internacional a un asunto que tiene que ser dilucidado por los colombianos en las urnas. Por eso cabe agradecer que, en un gesto de sensatez y de dignidad institucional, el Rey de España haya declinado viajar a Colombia como quería el inefable ministro García Margallo, para enviar en su lugar a su padre, el rey emérito, convirtiendo la participación española en un acto meramente protocolario en lugar de una manifestación clara de apoyo a un pacto que tiene dividida a la sociedad colombiana.
Los colombianos tendrán que resolver este dilema en tan sólo unos días, pero el pacto alcanzado con el siniestro terrorista Timochenko es una rendición del Estado ante una banda asesina que, ahora con marchamo legal, seguirá persiguiendo los mismos fines totalitarios de una organización asesina de filiación marxista como han sido y serán siempre las FARC.