La decisión del senador Javier Lambán de no acudir este martes a la Cámara Alta para evitar participar en la votación sobre el anticonstitucional bodrio conocido como Ley de Amnistía ha sido reprendida por el Grupo Socialista en el Senado, cuyo portavoz, Juan Espadas, ha comunicado que abrirá expediente al expresidente de Aragón y actual secretario general del PSOE en aquella comunidad autónoma.
La verdad es que a Lambán le sobran razones para alegar, tal y como ha hecho en una carta, que votar a favor de la amnistía supondría una "insoportable deslealtad", "una contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas" al considerar que la amnistía "vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley; pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y, en última instancia, socava la autoridad moral y política del Estado".
Como conviene insistentemente recordar esta misma acertada opinión sobre la amnistía es la que tenían todos los dirigentes del PSOE —empezando por Pedro Sánchez— antes de que los golpistas se la exigieran a cambio de su investidura.
En este sentido, tampoco le falta razón al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page al secundar a Lambán y al afirmar que "la amnistía no es perdón, sino amnesia". Una amnesia —añadimos nosotros— no sólo respecto al programa electoral o lo que decían los socialistas hasta después de las ultimas elecciones generales, sino mucho más grave, porque olvida lo que dice nuestra propia Ley de leyes y el propio derecho comunitario.
Aun así, no hay que fantasear con la posibilidad de que un puñado de diputados socialistas vayan a tener ahora los escrúpulos morales de los que ha hecho gala Lamban o Page, ausentándose del Congreso o votando en contra de la amnistía una vez que ha sido rechazada en el Senado gracias a la mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara Álta. En el Congreso se volverá a imponer, por muy amnésica que sea, la disciplina de partido que no tiene más objetivo ético, ideológico o político que mantener como sea a Pedro Sánchez en la poltrona.
También sería ingenuo depositar nuestras esperanzas en un Tribunal Constitucional sometido, a través de Conde-Pumpido, a los dictados de Pedro Sánchez, por muy amnésicos que sean dichos dictados respecto a lo que dice nuestra Carta Magna. No. Desgraciadamente, nuestras únicas esperanzas, una vez haya sido publicada esa antijurídica norma en el BOE, radican en las cuestiones prejudiciales que puedan plantear los tribunales españoles ante el TJUE, dada la menos clamorosa incompatibilidad de esta amnistía con el derecho comunitario. Y es que como claramente advirtió el comisario Didier Reynders en los asuntos sustanciados mediante procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al TJUE "suspende el procedimiento nacional".
Aferrémonos, pues, a esa esperanza porque, en caso contrario, ya podemos todos los españoles ir olvidándonos de lo que es un Estado de derecho y una democracia liberal.