2-VI-2010

La desconfianza toca máximos

Si Zapatero esperaba que con su tardío e insuficiente plan de reducción del déficit los inversores iban a recuperar –aunque fuese levemente– la confianza en la solvencia de España, la realidad ha tardado bien poco en hacer añicos sus esperanzas: este martes, la prima de riesgo de la deuda española, expresada en el diferencial del bono español a diez años con el alemán al mismo plazo, se colocaba nada menos que en 170 puntos básicos, el nivel máximo de los últimos quince años.

Recordemos que el pasado viernes, la agencia de medición de riesgo Ficht rebajaba el rating de la deuda española, tal y como ya hiciera, antes del simulacro de ajuste aprobado por el Gobierno, la agencia Standard & Poor's. Ni entonces ni ahora, el Gobierno debía ni debe arremeter por este hecho contra el mensajero, pues los errores de cálculo que estas agencias hayan podido cometer en el pasado siembre han consistido en un exceso de optimismo, en beneficio del propio Ejecutivo.

La razón por la que el sector público español va a tener que pagar más dinero a los inversores para venderles deuda, y por la que las entidades financieras van a tener más dificultades para cubrir su morosidad y dar créditos a familias y empresas, no es otra que la absoluta incapacidad del Gobierno de Zapatero para solventar el entuerto que él mismo ha provocado. No por lo molesto del pinchazo, las medidas aprobadas por el Gobierno de Zapatero garantizan que se esté inoculando la necesaria medicina: dichos recortes no son sino el maquillaje necesario para encubrir como "plan de ajuste" lo que en realidad no viene sino a consolidar un insostenible despilfarro público. Prueba de ello es que dicho "tijeretazo" de Zapatero pone a salvo la existencia de ministerios inútiles, las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, las ayudas a empobrecedores y liberticidas regímenes del tercer mundo, el ineficiente sector energético o la barra libre al gasto municipal y autonómico. Precisamente en este último y no menos decisivo punto, este martes también hemos sabido que las comunidades autónomas han creado nada menos que 169 entes públicos en plena crisis económica.

No contento con dejar fuera recortes como los que planteamos desde estas mismas páginas, el Gobierno de Zapatero también se ha negado a incluir en su "plan de ajuste" una reforma que, como la destinada a liberalizar profundamente nuestro mercado laboral, resulta del todo imprescindible tanto para acabar con un drama humano como es el paro, como para reducir el déficit y devolver la confianza a la deuda española.

En lugar de ello, el Gobierno ha concedido una nueva prórroga al estéril diálogo social de estos años, y está por ver si Zapatero no lo sustituye con un simulacro de reforma que prácticamente deje las cosas tal y como están.

Lo que no es de recibo es que, ante tanta inoperancia, el ministro de Fomento, José Blanco, tenga la ocurrencia de plantearse, tal y como ha hecho este martes, la "reprogramación" –léase rescisión– de contratos a empresas adjudicatarias que llevan a cabo alrededor de 3.000 obras que ya están en marcha en España. Ya podría el Ejecutivo haberse planteado antes si esas obras eran o no verdaderamente "vitales para el desarrollo", y no hacerlo ahora, a mitad de juego, lo que conlleva un debilitamiento de la seguridad jurídica, aun más letal para la solvencia de España que la repercusión de las obras en nuestras cuentas públicas.

En cualquier caso, ante un Gobierno que también se plantea penalizar el ahorro mediante nuevas subidas de impuestos, no hay que extrañarse de que el deterioro y la desconfianza continúen en aumento.


 

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