El PP entró en campaña electoral hace meses, lanzando guiños de todo tipo a grupos de presión, colectivos sociales y redes clientelares, con el fin de recuperar parte del voto perdido de cara a los comicios generales previstos para diciembre. El último gesto se ha producido este viernes, tras la decisión del Consejo de Ministros de desbloquear la devolución del 26% de la paga extra a los funcionarios. Ésta y no otra es la razón por la que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha apresurado a aprobar los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2016.
El discurso oficial de Moncloa gira, básicamente, en torno a dos ejes: España crece y crea empleo gracias a las políticas del Gobierno, y, ahora que la recuperación está en marcha, es el momento de devolver a los ciudadanos parte de los esfuerzos y sacrificios realizados. El problema es que ambos mensajes resultan engañosos y maniqueos. Para empezar, España crece, sí, pero no gracias al Gobierno, sino a pesar de él. El único mérito que se puede atribuir el PP en materia económica es la reforma laboral, cuya mayor flexibilidad, aunque todavía insuficiente, ha permitido acelerar la creación de puestos de trabajo en los dos últimos años.
Sin embargo, el resto de los avances que ha registrado la economía nacional se deben, exclusivamente, al sector privado. Las familias y las empresas se han apretado el cinturón para reducir su deuda en cerca de 500.000 millones de euros; los trabajadores ha aumentado su productividad de forma muy sustancial, mientras que el tejido empresarial es mucho más competitivo, modificando así, poco a poco, la estructura productiva del país.
El Estado, por su parte, primero con el PSOE y ahora con el PP, ha disparado el déficit, aumentando la deuda hasta niveles históricos, al tiempo que ha subido todos y cada uno de los impuestos que soportan las familias y las empresas. Como consecuencia, España sigue presentando hoy el segundo déficit público de la zona euro, una deuda próxima al 100% del PIB, un esfuerzo fiscal desorbitado, entre los más altos de la UE, y una estructura administrativa sobredimensionada, cara e ineficiente. En este sentido, la devolución de los esfuerzos que tanto pregona el PP consiste en mantener una presión fiscal muy elevada (familias y empresas pagan hoy más impuestos que en 2011) y en repartir prebendas presupuestarias a base de aumentar, una vez más, el gasto público.
Moncloa se esfuerza ahora por contentar a los votantes desconfiados y elegir meticulosamente la fecha idónea para las elecciones con el fin de revalidar su mandato. Sin embargo, al PP le hubiera ido mucho mejor a nivel político si, en lugar de realizar tantos cálculos electorales, hubiera aprovechado la legislatura para acometer las profundas reformas estructurales que sigue necesitando España para crecer y crear empleo sobre bases sólidas, escalando así puestos en el ranking de países más ricos y prósperos del mundo. La complacencia, por desgracia, ha sido la tónica que ha caracterizado al Gobierno de Rajoy, en lugar de la responsabilidad, la ambición y el sentido de Estado que necesita España para corregir los graves defectos institucionales que aún padece el país.
Y es que, como bien ha advertido el Círculo de Empresarios esta semana, en España todavía queda mucho por hacer. De hecho, queda casi todo. El sector público tiene que eliminar su inmenso agujero fiscal y empezar a registrar un superávit primario (descontando el pago de intereses) del 1% del PIB anual para ir amortizando su elevada deuda; urge reformar en profundidad el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad, transitando hacia un modelo mixto de capitalización, tal y como ha sucedido en la inmensa mayoría de países desarrollados; es fundamental profundizar en la flexibilización del mercado laboral para acabar, de una vez por todas, con la inaceptable lacra del paro; reformar las políticas activa de empleo y el sistema de prestaciones para facilitar la reincorporación de los parados al mercado laboral; hay que reducir el tamaño de las administraciones públicas y rebajar los impuestos; así como mejorar la eficiencia de los servicios públicos, sobre todo en materia educativa; fomentar el aumento del tamaño empresarial; o reforzar la seguridad jurídica y aligerar el funcionamiento de la Justicia, garantizando, además, de una vez por todas su independencia del poder político, entre otros muchos aspectos clave para crecer y crear empleo.
No basta con que el PIB suba para recuperar todo el terreno perdido en estos largos años de crisis o conformarse con sufrir un paro estructural de dos dígitos, triplicando la media de la OCDE, tal y como ha sucedido en los últimos 30 años España tiene que acometer reformas muy profundas y serias para asegurarse un futuro prometedor de riqueza y empleo a medio y largo plazo. El PP no debería aspirar a menos, en lugar de contentarse con realizar lo mínimo e imprescindible para que el país no quiebre, al tiempo que hace malabarismos electoralistas para tratar de conservar el poder.