Prepárense para la avalancha de pateras que se avecina de aquí al uno de octubre. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha asegurado al diario El País que regularizará la situación de todos los inmigrantes que entraron en España durante los ocho años del Gobierno de José María Aznar. Para que no cunda el pánico ha matizado que se ofrecerán los papeles a los que demuestren una "relación fehaciente con el mercado laboral".
El único modo que existe de ganarse la vida honradamente es trabajando, y damos fe que a ello se aplican con celo la mayor parte de inmigrantes, por lo que las declaraciones de Rumí pueden ser perfectamente interpretadas como un ¡Venid, venid, aquí hay papeles para todos! Las consecuencias de semejante irresponsabilidad, y más tratándose de un país fronterizo con África, no por desconocidas son menos desalentadoras. La secretaría de Estado no se ha quedado ahí, ha pedido que no se culpe a Marruecos de las miles de pateras que salen de sus costas cargadas hasta los topes de desdichados. Podríamos culpar a los armadores de estas pateras, que son los primeros responsables del desaguisado, pero sin el concurso complaciente de las autoridades marroquíes éstos no tendrían tanta facilidad para seguir con su vergonzante tráfico. Con tal de no enturbiar la luna de miel con el dinasta marroquí los miembros de Gobierno son, definitivamente, capaces de cualquier pirueta.
En España había en enero de 2003, según el Instituto Nacional de Estadística, 1.647.000 inmigrantes regularizados, es decir, con los papeles en regla. Hoy probablemente, veinte meses después de ese recuento, sean unos cuantos más. La mayoría de esa ingente cantidad de personas, que representan casi el 7% de la población nacional, llegó a nuestro país durante las dos legislaturas de Aznar, o reformulándolo, llegaron atraídos por la bonanza económica propiciada en esas dos legislaturas. La mejor política migratoria es pues la de hacer un país atractivo para los nacionales y los extranjeros. Grandes naciones como Estados Unidos, Australia o Canadá son buena muestra de ello. En esto los gabinetes populares se demostraron tremendamente eficaces a la hora de atraer y asentar mano de obra extranjera.
La otra parte, la ilegal, o mejor dicho, la que vive en España sin permiso de residencia, es imposible de contar. Las estimaciones son tan divergentes que, a decir verdad, se desconoce el número exacto de inmigrantes sin papeles que tenemos en España. La Ley de Extranjería prevé que cualquier extranjero puede solicitar el permiso de residencia una vez ha vivido tres años en nuestro país. Para ello el inmigrante tan sólo tiene que empadronarse. Muchos lo saben y esperan a cumplir su tercer aniversario de estancia para solicitar el permiso definitivo.
La propuesta de Rumí de dar papeles a todos los que demuestren estar trabajando es, además de demagógica, una majadería colosal. Un extranjero sin permiso de residencia no puede firmar un contrato laboral. Por lo tanto, sin contrato es difícil que pueda demostrar su condición de trabajador. Y si no puede demostrar que trabaja no hay papeles. Quizá algo tan sencillo no lo haya pensado la secretaria de Estado pero, a la primera lectura de sus declaraciones, salta a la vista. Y es que Rumí no estaba ayer en El País hablando de política migratoria sino haciendo propaganda para los sectores más extremistas de la izquierda irredenta. Eso de papeles para todos suena más a manifestación de Okupas en Lavapiés que a una apreciación seria y documentada sobre el problema de la inmigración irregular.
Para agitar más el espantajo de la presumida mala gestión popular en Inmigración, ha salido José Bono ordenando a la Armada que no intercepte pateras ni barcos ataúd en los que las mafias transportan emigrantes del Tercer Mundo. Bono, que no es tonto, sabe perfectamente que, entre los cometidos de nuestra Armada, nunca ha figurado el de ejercer de policía del estrecho. Para eso ya se bastan los Guarda Costas de la Guardia Civil. Lo que pretende Bono, ejerciendo de jefe del almirantazgo, es complementar la propaganda anti PP de su compañera de gabinete dando la impresión de que, hasta ahora, los submarinos de la Armada se dedicaban a torpedear los frágiles esquifes que cruzan el estrecho cargados de mercancía humana.
Nada más lejos de la realidad. La Armada Española nunca ha realizado labores de vigilancia de pateras ni en el estrecho ni en las aguas atlánticas que separan el Sahara de las Canarias. Su función está perfectamente delimitada en aras de la defensa nacional y, de manera, ocasional, presta apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado en cuestiones de tráfico de drogas o de personas. En cuanto al auxilio en alta mar cualquier barco, ya sea mercante o militar, tiene la obligación de prestarlo. Por desgracia las pateras y, especialmente, los barcos ataúd son con frecuencia candidatos a este tipo de auxilio.