La no revalorización de las pensiones conforme a la inflación es la penúltima promesa incumplida del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero lo grave en esta ocasión no ha sido tanto el contenido en sí de la medida como, sobre todo, las formas empleadas por Moncloa para tratar de suavizar, en la medida de lo posible, el golpe político y electoral que conlleva toda decisión impopular.
La pérdida de tres millones de afiliados durante la crisis ha provocado un profundo agujero en las cuentas de la Seguridad Social, hasta el punto de que el Ejecutivo se ha visto obligado a echar mano del Fondo de Reserva para poder afrontar el pago de las pensiones, lo cual da buena cuenta de la crítica situación financiera del sistema público de reparto. De ahí, precisamente, que en los últimos meses la mayoría de expertos e instituciones internacionales viniera rechazando la posibilidad de que el Gobierno subiera las pensiones conforme al IPC, ya que tal actualización supondría un coste adicional de 4.000 millones de euros, lo que presionaría al alza un déficit público ya desorbitado.
En lugar de ser transparente y claro, el PP optó por negar la realidad y mantener una promesa que difícilmente podría cumplir; al menos hasta que se celebraran las elecciones autonómicas en Cataluña. Moncloa se dedicó a marear la perdiz hasta el último momento, declarando de forma insistente que cumpliría la ley y revalorizaría las prestaciones en función de la inflación que se registrara en noviembre. Finalmente, no ha sido así, y los pensionistas, con razón, se han sentido engañados.
Pero es que, además, el Gobierno no dudó en presionar a las petroleras para tratar de reducir de forma artificial la inflación de noviembre y, de este modo, suavizar el impacto que en todo caso supondría la revalorización o no de las pensiones. El IPC de ese mes registró la mayor bajada de los últimos años, seis décimas, hasta situarse en el 2,9%, gracias a la moderación que experimentó el precio de los combustibles desde mediados de octubre. Sin embargo, esta evolución no tuvo nada de milagrosa. El Gobierno amenazó al sector para que redujera sus márgenes comerciales con el objetivo de reducir el IPC de cara a ese mes crucial, pues sirve de referencia para actualizar las pensiones. De este modo, de haberlas subido, la factura para las arcas públicas habría sido menor, pero al no revalorizarlas la menor inflación ha logrado atenuar la pérdida real de poder adquisitivo de los pensionistas.
Es decir, de una u otra forma, la prioridad del Ejecutivo era situar el IPC por debajo del 3%, sin importar el cómo. Estas prácticas, consistentes en presionar a empresas de forma arbitraria con fines puramente políticos, no son propias de países serios y, de hecho, constituyen un peligroso oportunismo electoralista que daña el crédito no sólo del Gobierno sino del conjunto del país.