Por mucho que ofrezca diferencias respecto al delito de sedición perpetrado por los controladores aéreos el pasado puente de la Constitución, no menos salvaje es la huelga que secciones sindicales de UGT, USO y CCOO en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) acaban de convocar de manera intermitente durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, en oposición a la privatización parcial del ente: nada menos que 22 días de huelga en total, estratégicamente repartidos entre los de máximo tráfico aéreo, como son las vacaciones de Semana Santa, los puentes de mayo y junio, así como los días clave para las vacaciones de julio y agosto. Semejante convocatoria por parte de los sindicatos revela la misma voluntad de aprovecharse de la cómplice e irresponsable imprevisión del Gobierno, así como la de utilizar a los ciudadanos como rehenes, sirviéndose también de esa carencia que ofrece nuestro Estado de Derecho como es la de no tener una Ley de Huelgas.
Aun concediendo que el incumplimiento de los contratos laborales, que constituye toda huelga, deba ser reconocido como un "derecho", es evidente que una ley de huelgas que lo regulara para hacerlo compatible con el resto de derechos que asisten al resto de ciudadanos prohibiría los paros en servicios públicos esenciales y en fechas tan clave. A pesar de estar prevista en nuestra Carta Magna, lo cierto es que nuestra acomodaticia clase política la ha mantenido aparcada. Con todo, el vigente Real Decreto Ley 19/1977 de 4 de marzo sobre Relaciones Laborales, que en su defecto rige actualmente, contempla, no obstante, la posibilidad de considerar ilegal una huelga cuando "se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Esto quiere decir que tiene que haber una motivación laboral y no una simple diferencia de pareceres sobre cuestiones ideológicas o de proyección en el mercado de la empresa.
Aquí los sindicatos simplemente protestan contra una privatización de AENA que, además de afectar única y lamentablemente al 49% de la empresa, garantiza expresamente que el personal de ésta "se seguirá rigiendo por los convenios colectivos vigentes, respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado".
Por otra parte, lo que es una vergüenza es que AENA, como toda empresa pública, en lugar de atender a los ciudadanos como clientes, se sirva de ellos como contribuyentes. La naturaleza estatal de dichas empresas es una reaccionaria rémora, como lo son también los privilegiados y coactivos sindicatos que padecemos, para el progreso de nuestro país. Evidentemente no faltarán trabajadores que se opondrán a cualquier modificación de su privilegiado estatus de funcionario. Pero eso no constituye la defensa de un derecho sino de un abuso.
El Gobierno debe mostrar la máxima firmeza ante esta huelga tan injusta en el fondo como salvaje en la forma. Claro que, ¿qué firmeza cabe esperar de este Gobierno que acaba de ceder, mediante arbitraje, en el cómputo de horas laborables que desencadenó el conflicto con los controladores, cuyo delito de sedición a día de hoy sigue clamorosamente impune?
Aun cuando el Ejecutivo estableciera elevados servicios mínimos, que dadas las fechas serían siempre insuficientes, ¿qué garantía de cumplimiento por parte de los sindicatos cabría esperar cuando han visto cómo se ha saldado el asunto de los controladores, a pesar de que provocaron el cierre del espacio aéreo español y una subsiguiente declaración del "estado de alarma"? ¿Qué garantía de cumplimiento cabe esperar de los sindicatos cuando han observado el nulo perjuicio que para ellos ha supuesto que los tribunales declarasen a posteriori "ilegal" la huelga de Metro en Madrid que tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2010, precisamente por el absoluto incumplimiento de los servicios mínimos decretados? ¿Hasta cuándo tendremos los ciudadanos que padecer como contribuyentes unos sindicatos que también nos utiliza como rehenes?