Después de una carrera de obstáculos interpuestos por los mismos que procuraron su ruina profesional y personal, Javier Gómez de Liaño, tras casi año y medio del indulto total que le concedió el Gobierno, ha recuperado la condición de juez que nunca debió perder. El Consejo General del Poder Judicial, última instancia que quedaba por pronunciarse, lo ha hecho favorablemente, aunque sin los votos —como cabía esperar— del "bloque progresista".
El primer “error” de Gómez de Liaño fue instruir admirablemente bien el caso Lasa-Zabala. PRISA y el felipismo judicial tuvieron que sudar tinta y emplearse a fondo para salvar a su patrón del horizonte penal, y juraron vengarse de quien osó resistirse a sus presiones. Bueren, el anterior instructor del caso, tuvo que abandonar “por una tentadora oferta de un bufete de abogados”, renunciando a la carrera judicial; algo que ni siquiera las pistolas de los etarras, a quienes con tanto celo y eficacia persiguió, pudieron conseguir.
La ocasión para vengarse les llegó con el caso Sogecable. La querella interpuesta contra la plataforma digital por, entre otros, Jaime Campmany y Jesús Cacho, por un delito de apropiación indebida de los depósitos que los clientes de Sogecable entregaban como fianza para obtener el descodificador —y que Sogecable se obligaba a devolver cuando los abonados solicitaran su baja— recayó por sorteo en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que por entonces ocupaba Gómez de Liaño, quien la admitió a trámite.
El segundo “error” del juez fue pensar que Juan Luis Cebrián y Jesús de Polanco eran simples ciudadanos, que Sogecable era una empresa como otra cualquiera y que, por tanto, podía ser objeto de investigación por un presunto delito. El primer indicio de ello fue que Enrique Bacigalupo —uno de los principales representantes del felipismo judicial, a la sazón magistrado del Supremo—, apenas supo que el caso lo instruiría Gómez de Liaño, se apresuró a “pontificar” —improcedente y extemporáneamente— que no había indicios de delito. Fue un serio aviso que Gómez de Liaño, cumpliendo con su deber, se negó a escuchar.
Y precisamente, cumpliendo con su deber, se “atrevió” a tratar a Polanco y a Cebrián como si fueran unos ciudadanos cualesquiera, y no los hombres más temidos de España: les impuso una fianza de 200 millones de pesetas —una cantidad ridícula para una estafa de 23.000 millones—, decretó el secreto del sumario —a petición del fiscal y de la policía judicial, para que los imputados no pudieran interferir en la labor investigadora de la justicia— levantándolo gradualmente a medida que iban progresando las investigaciones y les prohibió salir de España sin autorización judicial. Ni más ni menos que lo que hubiera hecho cualquier juez en circunstancias normales.
El caso Sogecable fue archivado por la Audiencia Nacional el mismo día —qué casualidad— en que se conocía que Gómez de Liaño había sido procesado por prevaricación. Contra la opinión del fiscal y del ponente, Bacigalupo —íntimo amigo del abogado de los querellantes, Polanco y Cebrián, así como también pensionista de lujo y presunto defraudador a Hacienda— y Cezón —imputado también por prevaricación por haber dejado escapar al “narco volador”— merced a arcanas artes adivinatorias —o más bien a juicios de intenciones inducidos por sus patrones— declararon culpable de prevaricación a Gómez de Liaño sin siquiera probar antes si había incurrido en delito de cohecho y a sabiendas de que Gómez de Liaño no era el juez que entendía del caso, sino sólo su instructor, por lo que sus actos eran recurribles en todo caso y de ningún modo causaban un perjuicio irreparable a los imputados. Es decir, fueron Bacigalupo y Cezón quienes prevaricaron condenando a Gómez de Liaño por prevaricador. La instrucción del caso Sogecable recayó en Garzón, quien confirmó las medidas adoptadas por Gómez de Liaño, aunque a él no lo acusaron de prevaricación.
Gómez de Liaño fue laminado, vejado y humillado, por atreverse a “levantar la mano” contra el poder fáctico más influyente de España, como escarmiento contra futuros “quijotes” judiciales. La reacción histérica de PRISA y su entorno político ante su vuelta a la judicatura puede explicarse, en principio, porque el PP ha cometido un delito de “lesa polanquidad” al “rehabilitar” a un juez con “antecedentes penales”, y es más que probable que PRISA y el PSOE intenten hacérselo pagar caro.
No obstante, el nerviosismo de Polanco y Cebrián puede que tenga causas más profundas. Existe la posibilidad de que alguien —quizá hasta el propio Gómez de Liaño si se produce una vacante en el Supremo— se atreva a reabrir el caso Sogecable, que aún no ha prescrito. No es totalmente inverosímil que la lectura del sumario revelara secretos comprometedores para Polanco, Cebrián y quizá el propio González. De otra forma, no se entendería bien la saña con la que acometieron y acometen a Gómez de Liaño los paniaguados de Polanco so pretexto del “bien público” que supondría quitar de en medio definitivamente a un “juez con antecedentes penales”, como ellos dicen. Si al menos se hubieran aplicado con el mismo celo a hundir a Cezón a cuenta del “narco volador”, todavía tendrían algún ápice de credibilidad.
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