El sistema público de pensiones se encuentra en una situación financiera crítica, y no sólo por el impacto de la crisis, sino por los múltiples y profundos defectos estructurales que padece el actual modelo de reparto. Sus números rojos no dejan de aumentar, ya que el agujero que registró el pasado año rondó los 15.000 millones de euros, equivalente a casi el 1,3% del PIB, debido a que los ingresos por cotizaciones se siguen situando muy por debajo de los gastos, incluso tras sacar las prestaciones no contributivas del sistema. Como consecuencia, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como hucha de las pensiones, se ha reducido a la mitad durante la pasada legislatura, bajando hasta los 32.000 millones de euros, de modo que, al actual ritmo, se agotará en tres o cuatro años.
Lo más trágico, sin embargo, no radica en esta difícil situación, sino en la absoluta irresponsabilidad que están demostrando todos los partidos políticos, empezando por el propio Gobierno, para no afrontar el problema, mintiendo de paso al conjunto de los españoles. Desde que estalló la crisis, primero el PSOE y después el PP aprobaron dos reformas para tratar de garantizar la sostenibilidad financiera del modelo, prolongando así su vigencia en el tiempo. Pero algunas de estas medidas correctoras o bien se han pospuesto hasta 2019 o bien, directamente, no se han aplicado, como, por ejemplo, el nuevo Índice de Revalorización, ya que su puesta en marcha habría implicado, como mínimo, la congelación de las actuales prestaciones. Así pues, el Ejecutivo del PP ha preferido tirar de hucha en lugar de reconocer la realidad, mientras que el PSOE ha aprovechado este crucial asunto para hacer demagogia con el fin de captar votos.
Otro de los datos clave que PP y PSOE se cuidan mucho de esconder a la opinión pública es que la vigencia del actual modelo lo único que garantiza son unas pensiones mucho más bajas y una edad legal de jubilación más tardía a los futuros jubilados, debido, entre otros factores, al sustancial declive demográfico que registrará España en las próximas décadas. Y lo peor es que éstas y otras verdades son ocultadas sistemáticamente a la población, dificultando que adopten las medidas precisas para garantizarse un nivel de vida adecuado tras la jubilación. El PP, por ejemplo, sigue sin cumplir su promesa de informar por carta a los contribuyentes de la cuantía de sus futuras pensiones en función a los años cotizados y la propia evolución del sistema. Asimismo, populares y socialistas niegan al unísono la necesidad de que los españoles ahorren para su jubilación, tal y como ha alertado el propio Banco de España. Y todo ello con tal de no reconocer que el modelo hace aguas y, por tanto, los pensionistas sufrirán las consecuencias tarde o temprano.
En lo único que, por el momento, coinciden todos los partidos políticos es en seguir parcheando el sistema, ya sea mediante nuevas subidas de impuestos o futuros recortes en las prestaciones, sin que nadie se atreva a reconocer el problema y proponer una alternativa razonable, tal y como ha sucedido en otros muchos países europeos, en donde los modelos de reparto han sido sustituidos o, al menos, complementados por otros de capitalización y ahorro individual. No reconocer la realidad y retrasar la solución de este grave problema se acabará traduciendo en un creciente déficit estructural y, finalmente, en un brutal y repentino hachazo a pensionistas y contribuyentes, similar a lo acontecido en Grecia.