También queremos carteles para los bancos

Es habitual encontrarse con enormes cartelones en ciudades, pueblos y carreteras detallando la responsabilidad de unas obras y su financiación. Resulta un pelín hipócrita que, en cambio, se le prohíba a la empresa privada anunciarse de forma similar, pero ya se sabe que los políticos tienden a considerarse una raza aparte y privilegiada con unos derechos que niegan a los demás.

Lo que ya no es tan normal es que el Gobierno de España financie a los municipios a cambio de que éstos lo declaren no ya en la misma obra que ese dinero financia, que es lo habitual, sino "en un lugar visible a la entrada de las vías de acceso al casco urbano". Es decir, que quieren hacerse publicidad a costa del dinero de todos, en concreto de nuestros hijos, que serán los que tengan que pagar la enorme deuda pública con la que se están financiando todos los programas con los que el PSOE pretende solucionar la crisis. Como sucede en casos como el del PER andaluz, quieren que los ciudadanos se queden con la idea de que deben esas infraestructuras a la infinita generosidad de los socialistas, cuando el dinero sale del bolsillo de todos.

Este detalle debería llamar nuestra atención sobre un aspecto de los programas de rescate y gasto público que hasta ahora ha pasado relativamente desapercibido. Y es que ante cifras tan mareantes como las que se manejan han ocultado la inmensa arbitrariedad y las infinitas posibilidades de corrupción que esconden estos proyectos. Al margen de que el Gobierno se vaya a gastar 8.000 millones de euros, ni más ni menos, de una forma que permite dudar que sirva de algo para aliviar la crisis –más bien al contrario–, las oportunidades que se le abren con éste y otros programas habrían vuelto locos de alegría a los socialistas en los muy honrados tiempos del felipismo.

No es sólo la propaganda, que también. El dinero puede emplearse para beneficiar a los municipios gobernados por socialistas o para comprar voluntades allí donde no tienen el bastón de mando. Este programa amplía las oportunidades de discriminar que llevan poniendo de manifiesto durante los últimos cuatro años y medio, especialmente con la Comunidad de Madrid. Y las ayudas a empresas y bancos pueden traducirse con demasiada facilidad en el desvío de comisiones a los políticos y funcionarios responsables o a la devolución de parte del dinero en forma de donaciones y créditos a partidos políticos.

Si hay algo que caracteriza a los liberales es la desconfianza en el ser humano con poder en sus manos. La aplicación de los principios de reducción tanto del tamaño del Estado como de su arbitrariedad es eficaz no porque cambie la naturaleza del hombre, sino porque le reduce las oportunidades de corromperse. No estamos acusando al PSOE de corromperse, sino facilitar la corrupción de tal manera que resultará casi inevitable que alguien caiga en la tentación. Y es que los socialistas no se convierten en ángeles por el mero hecho de haber recibido más votos que sus rivales. Ni tampoco los populares, dicho sea de paso, aunque ciertamente puedan presumir de tener un historial bastante más presentable.

Y si de la ampliación de los poderes del Estado que suponen estos programas, es una clara demostración las cantidades ingentes de nuestro dinero que se van a gastar en ellos, de su arbitrariedad da buena fe que los ayuntamientos deban publicitar su participación si quieren recibir el dinero, mientras que los bancos puedan ocultarla durante meses. ¿Por qué unas ayudas publicadas en el BOE deben ser además publicitadas en grandes carteles colocados en lugares visibles mientras las otras se mantienen en la opacidad más absoluta? Quizá si se colocaran carteles en las sucursales de las entidades financieras rescatadas por el Gobierno podríamos creer un poco más en la virtud de todos estos planes anticrisis. Pero nos lo están poniendo aún más difícil de lo que ya lo era de por sí.