La ilegal consulta para la independencia de Cataluña, organizada el domingo sin el menor embozo por las autoridades de la Generalidad, es un éxito para las fuerzas separatistas que, al margen del número exacto de votantes, las sitúa más cerca de su objetivo político. Cierto es que el proceso fue una pantomima y que la ausencia de unas mínimas garantías lo invalida en términos formales, pero en el orden político lo que se vivió el domingo en Cataluña fue un paso más, tal vez decisivo, para la destrucción de España a través de la secesión de una parte de su territorio.
El que los nacionalistas hagan lo posible para acabar con la nación española, a la que odian profundamente -he aquí su elemento vertebrador-, no es algo novedoso, ciertamente. Ahora bien, hasta ahora ningún otro Gobierno de España, ni siquiera el de Zapatero, se había rendido a las fuerzas separatistas como ha hecho el Ejecutivo de Rajoy, para vergüenza de todos los españoles.
Rajoy está deslegitimado políticamente para seguir al frente del Gobierno de España. La legitimidad de ejercicio del poder ejecutivo, basada en el estricto cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas, desaparece cuando se permite, como acaba de hacer Rajoy, una consulta popular pensada para acabar con España mediante la destrucción de su orden constitucional. Mariano Rajoy no puede humillar al pueblo que lo llevó a La Moncloa con una mayoría histórica poniendo en grave riesgo la supervivencia misma de la nación. La comparecencia del ministro de Justicia para leer un papel como única respuesta del Gobierno a este intento de golpe de Estado fue de un patetismo atroz, difícilmente parangonable.
Si el Partido Popular ha defraudado, tal vez de forma definitiva, las esperanzas que todavía podrían albergar sus votantes de que es una fuerza merecedora de confianza, cabe señalar el ejemplo extraordinario que UPyD, Ciudadanos, Vox y la plataforma Libres e Iguales están dando en defensa de la nación, la soberanía nacional, la Constitución y la libertad de todos los españoles. Las cuatro organizaciones han coincidido, como no podía ser de otra manera, en denunciar la dejación de funciones del Gobierno como lo que es, una "ilegalidad" y "una agresión a la democracia".
En efecto, Rajoy ha cedido la iniciativa a las fuerzas separatistas y ha facultado a sus representantes para que rebasen todos los límites constitucionales con la desfachatez que es habitual en estos personajes. El incumplimiento de su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, como parte de un posible acuerdo entre bambalinas, pone aún más de manifiesto el valor cívico y político de las cuatro fuerzas citadas y su esfuerzo regenerador. Vale la pena que sus dirigentes se plantearan en la actual tesitura la posibilidad de llegar a algún tipo de colaboración, de manera que supongan una alternativa seria a los dos grandes partidos y, sobre todo, a las fuerzas de extrema izquierda que amenazan con la voladura definitiva de nuestro sistema democrático.
En los últimos tiempos del felipismo, Aznar hizo famosa su petición a un decadente González para que abandonara el poder. Su "Váyase, señor González" tenía sentido porque el PSOE se había convertido en una rémora para el desarrollo económico, un erial de corrupción y el mayor factor de riesgo para la estabilidad nacional. Entonces estaba en juego la economía y el bienestar de los españoles. Ahora, además, también la propia supervivencia de la Nación, razón más que suficiente para espetarle hoy a Rajoy lo mismo que le dijo Aznar a González.