A Rodrigo Rato, máximo responsable de Bankia en el momento de su irregular salida a bolsa, le han dado un momio. Al parecer, un preboste del PP ha dicho que es un acto de piedad. Pobre Rato, le acusan de haber estafado a la gente cuando él no se enteró de nada. Con todo, lo más notable del asunto es la hipocresía con la que todos lo tratamos. Todos venimos haciendo como si el sector de la telefonía estuviera liberalizado en España y Telefónica fuera una empresa privada, libre de contratar a quien quiera. Y ahora que decide hacerlo con Rato, ponemos todos el grito en el cielo. ¿Y qué nos importa a quienes no somos accionistas de Telefónica que la compañía contrate a quien le plazca? Pues nos importa porque todos sabemos que Telefónica no es una empresa privada, sino el cortijo de los políticos al que éstos protegen velando por sus tarifas y permitiéndole llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo que le convengan.
Y sin embargo, aunque lo sabemos, nada dijimos cuando Telefónica fichó al yerno del Rey o a dos de sus jefes de Casa o a quien fuera secretario general de las Juventudes Socialistas, que son cargos que deben de proporcionar un gran dominio de los secretos de la fibra óptica. O a quien fuera secretario de Estado de Comunicación, que para eso, para la comunicación, es para lo que sirve el teléfono. Tampoco hubo protestas cuando la misma empresa privada contrató por su experiencia en el mercado de las telecomunicaciones a Eduardo Zaplana o no digamos cuando lo hizo con Narcís Serra, que es verdad que quebró una caja, pero que de teléfonos aprendió un montón durante la época en que los intervenía. Ni una protesta hubo cuando todos éstos, muy especialmente los enchufados del Rey, recalaron en la compañía con el argumento, que todos sabemos falso, de que Telefónica es una empresa privada.
Y ahora que han hecho exactamente lo mismo con Rato, nos mesamos los cabellos y ponemos el grito en el cielo. Y lo que discutimos no son los méritos del exministro para ser asesor de una compañía privada, que es cosa que a ella sola debería importar, sino los que tiene para que entre todos, pagando nuestros recibos del teléfono, le proporcionemos un nuevo chollo. Rato no tiene más méritos que Urdangarin o Javier de Paz para cobrar de Telefónica. Pero tampoco tiene menos, a no ser que admitamos que Telefónica no es una empresa privada, sino un chiringuito para repartir prebendas entre enchufados del rey y de los dos grandes partidos. Sólo después de haber reconocido esta irregularidad de nuestra democracia, podremos hablar libremente de quién merece el premio y quién no. Pero, hacer eso, es entrar en el juego de los políticos y aceptar que tienen derecho a esos chollos si se portan medio bien. Lo que habría que hacer es exigir el fin del chollo mismo, da igual que sea para el bueno de Almansa que para el malo de Rato.