La crisis de Ceuta ha avivado una de esas virtudes que, como españoles, creemos poseer en grado muy superior a los demás, la compasión. Nos conmueven los inmigrantes que arriesgan sus vidas para llegar a ese Edén que es nuestro país. En el caso de los menores que resisten en Ceuta, más que nadie, nos encogen el alma las niñas que tratan de, a pesar de las dificultades, mantenerse entre nosotros, mucho más cuando nos dicen que algunas ya han sufrido agresiones. De ahí que despreciemos la oferta de Marruecos de acogerlas de vuelta porque pensamos que allí les espera un futuro de machismo y maltrato. Damos por hecho, tal vez sin pensarlo, que aquí estarán mejor. La devolución a las autoridades marroquíes ni se contempla. Nuestra propia ley exige que, en tal caso, el Estado que las reciba ha de comprometerse a dar a las menores el primoroso trato que se supone que nosotros, de quedarse, les daríamos. Y el reino alauí, con su sibilina gramática, dice que sí, que las admite, pero siempre que España levante las condiciones que impone nuestra ley. Y eso, nosotros, no lo haremos nunca. Hasta Vox, que defiende la devolución, no discute que dónde mejor estarían esas niñas es por supuesto en España, sino que apela a argumentos basados en prioridades presupuestarias que a los demás nos parecen salidos de corazones de piedra.
Y todo eso estaría muy bien si los menores inmigrantes no acompañados gozaran en España de la protección que decimos que les damos. Pero no es verdad. Desde 2019, se contabilizan 1.100 menores tutelados víctimas de abusos sexuales. Y esos son los casos denunciados, que silenciados habrá muchos más. Luego, ha de considerarse que, aunque los niños no se libren, la mayoría afectan a niñas, que son proporcionalmente muchas menos. En definitiva, no es posible calcular el número real de menores no acompañadas que han sufrido agresiones, pero en todo caso, son con toda seguridad muchas. Nada de esto se recuerda cuando los medios de comunicación de masas y los grandes partidos nacionales se empeñan en recordarnos nuestra obligación de ser caritativos con ellas.
Pero, ¿y cuándo cumplan los dieciocho años? ¿Qué será de ellas, sin permiso de trabajo y sin protección familiar? Se verán abocadas al servicio doméstico, cobrando sueldos por debajo del mínimo interprofesional, sin seguridad social o a ser explotadas por las mafias dedicadas a la prostitución. Exagero, pero por ponernos de una vez frente al espejo, cabe preguntarse: y, si cuando se acuerde el reparto y haya que decidir a qué comunidad autónoma debe ser desplazada cada una de ellas, ¿se hará un casting para que Eustasio López Sánchez o el marido de Mónica Oltra elijan cuáles de ellas han de viajar a Canarias o Valencia? Depravados los hay en todas partes. En España, también. Nuestro pecado está en ignorarlo y cerrar los ojos ante la evidencia de que aquí también se matan ruiseñores.