La denuncia presentada por el hermano de un edil socialista ante la Fiscalía de Alicante por las irregularidades cometidas por diversos concejales con el dinero público de la subvención municipal sitúa de nuevo al PSOE en los tribunales. Los efectos colaterales están dejando en claro cosas ya sabidas en la Comunidad Valenciana, pero quizás no conocidas en el resto de España: Zapatero ha mantenido en el poder a los aparatos del partido, provenientes de las peores etapas del felipismo, siguiendo con los malos modos adquiridos.
A estas alturas no se sabe bien quién informa a José Blanco en Ferraz para haber tomado la curiosa determinación de expulsar a la concejala socialista que puso de manifiesto las irregularidades, haciendo causa común con quien las han cometido. Esto recuerda demasiado errores del pasado. También muestra los precarios equilibrios de poder en los que se mueve una unidad ficticia. Los socialistas alicantinos, por ejemplo, están enfrentados a los valencianos, y especialmente al candidato a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, quien en vez de adoptar una postura mínimamente ética, ha aprovechado el conflicto para plantear la inclusión en la lista municipal de personas de su sector, que fue el que perdió las primarias.
Prepotencia y bajos resortes éticos ante la presunta corrupción son los dos elementos claves con los que está funcionando el partido socialista. O no ha llegado la renovación a Alicante o todo se mueve en pautas de ficción y márketing.
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