El criterio sobre el que se está articulando la oposición del PNV a la ilegalización de Batasuna, y a sus efectos de prohibición de manifestaciones convocadas por sus dirigentes, es que se trataría de un grave atentado contra la libertad personal, contra los derechos de asociación, manifestación y expresión. Pretende con ello situarse como el auténtico defensor de la democracia. Su aliado, Javier Madrazo, ha llegado a hablar de atentado contra el Estado de Derecho.
Dejemos a un lado las contradicciones más claras de la negación de la independencia, y la misma existencia del Poder Judicial, como muestra el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco de declarar nulo el auto del juez Baltasar Garzón. Acuerdo que, con razonable criterio, ha calificado de “esperpéntico” el presidente del Gobierno.
En la cuestión de fondo, ninguna libertad es absoluta, pues siempre tiene el límite de los derechos de terceros. No existe, por ejemplo, el derecho de matar. La libertad de expresión tiene como límite la incitación a la violencia y al asesinato. Lo mismo el derecho de manifestación. Ningún sentido tendría que estuviera amparada por la ley una hipotética manifestación de sicarios y simpatizantes de Al Capone para proclamar y reivindicar su derecho a extorsionar, chantajear y asesinar a competidores y enemigos.
Aunque ese ejemplo puede resultar gráfico, e incluso exagerado, durante décadas las manifestaciones de Batasuna han ido mucho más allá con el grito de “Eta, mátalos”, que es una reivindicación y un impulso al genocidio. No estamos, además, ante manifestaciones cuyo final sea incierto –con la recurrente teoría de la minoría– sino que, aquí, existe una prolongada experiencia que convierte cualquier presunción en una malintencionada ingenuidad. Las manifestaciones de Batasuna son un ejercicio de coacción y una toma violenta de la calle. Los poderes públicos deben impedir ese tipo de amedrentamientos de los pacíficos contribuyentes. En eso se basa precisamente su legitimidad.
No deben ser autorizadas, por ejemplo, manifestaciones nazis en las que se solicite el exterminio de los judíos. Tal criterio no puede ser amparado ni por la libertad de expresión ni por el derecho de manifestación.
El PNV no está, pues, defendiendo derechos, sino simples perversiones. No lo hace con argumentos, sino con falacias.
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