La gula fiscal de los Gobiernos europeos, excitada por las subastas de licencias de UMTS, está alcanzando en España niveles de bulimia peligrosa para la salud económica y política de todos. El virus subasteril no sólo se ha adueñado la oposición -que nunca pensó en subastar nada y sólo busca fastidiar al Gobierno-, sino del propio ejecutivo de Aznar, donde Montoro ha dado el primer traspiés en su brillante ascenso al inventarse esa chapuza del canon sobre la "utilización del espacio radioeléctrico". Tal vez con un impuesto sobre la utilización del espacio atmosférico para respirar conseguiríamos por fin el superávit presupuestario y España habría evolucionado de "nación plural" a granja singular.
Sólo faltaba que Ruiz Gallardón popularizase el subasterismo como una forma supuestamente liberal de gestionar la cosa pública al anunciar la privatización de Telemadrid, algo que por otra parte depende de la reforma de la Ley de Terceros Canales de TV anunciada para este siglo o el siguiente. De pronto, todo el mundo con cargo público quiere subastar algo. ¿Para privatizar? ¡Nada de eso! Para favorecer a los amigos ricos y medios instalados, para recaudar más, poder gastar más y así conseguir más votos, es decir, más poder. Y mientras se discute si es mejor el concurso o la subasta de licencias, no se repara en el escándalo de que la radio y la televisión en España siguen siendo, como en cualquier dictadura bananera o europea, que en eso se parecen, concesiones políticas del gobierno de turno a los amigos de turno, que suelen cambiar menos que los Gobiernos.
Pues bien: ni concurso, ni subasta. Lo único que debe hacer un gobierno respetuoso con las libertades es dar en la ventanilla correspondiente la licencia administrativa para que cualquiera pueda poner en marcha una emisora de radio o de televisión, lo mismo que crea un periódico o una revista. Su única función debe ser técnica: evitar las interferencias entre distintas frecuencias y anunciar cada vez que una renovación tecnológica lo permita que se amplía el espacio para la expresión plural de la sociedad. El Gobierno no está para conceder la palabra a la sociedad. Está para respetarla y para hacer que se respete. Ese derecho, moral, política y económicamente inalienable, enajenable o subastable es la base de todo régimen de opinión pública, es decir, democrático.
Dado el vertiginoso proceso de concentración mediática y la absorción de los medios de opinión escritos y radiales por las grandes empresas industriales de entretenimiento y televisión, con la banca al fondo, que los utilizan como aparato de relaciones institucionales y amedrentamiento político, la función de un gobierno democrático es mantener abierto a la competencia y a la pluralidad un espacio empresarial lamentablemente frágil y que sólo puede alimentarse con más y más libertad, todo lo que la tecnología afortunadamente permite y que los políticos y los medios ya existentes se niegan a permitir.
El artículo 20 de la Constitución Española deja claro lo que ya la declaración de Derechos Humanos y, sobre todo, la lucha secular de los humanos por la libertad individual deja clarísimo: la libertad de expresión a través de cualquier medio técnico no es una concesión, es un derecho, es el ejercicio de una libertad fundamental. Y la libertad no se subasta. Sólo la pérdida absoluta de valores liberales -ahora que algunos necios dicen que el liberalismo ha triunfado- y sólo el economicismo patológico que ciega a muchos espíritus sinceramente liberales puede explicar este súbito prestigio de las subastas como medio de acceder al ejercicio de un derecho fundamental.
Negroponte, uno de los grandes teóricos de Internet ha alertado en Barcelona sobre el retraso tecnológico que el sistema de subastas puede suponer para Europa. Pero es suficiente saber que quieren poner precio a nuestra libertad para saber que no nos conviene. Que algunos políticos saquen a subasta privadamente su cargo y su influencia, es decir, que se vendan al mejor postor, no significa que deban ser imitados. Bastante se corrompen luego los medios de comunicación como para que quieran inaugurarlos ya comprados y vendidos, es decir, corrompidos.
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