"No Gubernamental Monitor", el observatorio israelí de ONGs ha hecho público su informe sobre España y la financiación de organizaciones caracterizadas por comportamientos antisemitas. Del texto, que recomendamos vivamente, pueden extraerse las siguientes ideas:

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la AECID son uno de los organismos europeos de menor transparencia en la entrega de subvenciones.
2. Los fondos de la AECID se desvían frecuentemente a organismos que de cooperación no tienen nada, y de desarrollo menos: con dinero público la AECID está pagando a activistas radicales que legitiman a los movimientos terroristas palestinos, los mismos que en Gaza oprimen a los propios palestinos, favoreciendo su supervivencia.
3. Las actividades y méritos de los organismos a los que la AECID entrega cientos de miles de euros de los españoles no están justificados por la finalidad de la Agencia. Ésta es laxa y arbitraria en la entrega de los fondos públicos, y no se siguen los criterios claros y distintos que deben exigirse.
4. La AECID está repartiendo el dinero de los españoles no entre asociaciones de carácter humanitario sino entre activistas políticos, que se caracterizan por dos cosas: justificar los crímenes del terrorismo palestino y fomentar el odio a Israel por el mundo. Según el informe, la AECID ha entregado sólo durante los dos últimos años ochocientos mil euros a grupos políticos radicales: el Israel Commitee Aganist House Demolitions, cuyo fundador defiende la eliminación de Israel, recibe 105.000 euros entre 2009 y 2010; el Applied Research Institute Jerusalem, que participa en campañas mundiales de boicot contra los judíos, recibe 98.347 euros de todos los españoles; Brealing the Silence, que acusa a Israel de practicar el apartheid, recibe del contribuyente español 131.000 euros; Geneva Iniciative, dedicada al activismo político en Israel, se lleva de los españoles la nada desdeñable cantidad de 400.000 euros sólo en un mes; la Association for Civil Rights in Israel, que acusa a los judíos de racistas, se lleva 100.000 euros para año y medio; Rabis for Human Rights, habitual apoyo del radicalismo palestino, 70.000 euros.

Estas organizaciones, que no construyen precisamente carreteras ni alcantarillado para los pobres, se llevan de los españoles unos 800.000 euros en cuestión de meses: 132 millones de pesetas que el Gobierno nos saca del bolsillo para organizaciones radicales propalestinas, que fomentan el odio y la violencia. Pero no sólo eso. El informe analiza también la hemorragia de dinero público que el Gobierno y las Comunidades Autónomas entregan a organizaciones radicales españolas que se caracterizan por extender el antisemitismo. Una de las organizaciones denunciadas, el "Grupo de ONG por Palestina", cuya web rebosa de contenido radical y violento, lleva los logos oficiales del Ministerio y la AECID en la página. Otra ONG examinada es el autodenominado "Movimiento por la Paz", a su vez miembro de la anterior, que es calificada en el informe como "el mayor soporte de la guerra política contra Israel": en efecto, habla de "guerra de exterminio", "apartheid" o "masacres". Eso sí, con dinero público, pues la organización reconoce que el 75% de su presupuesto viene de fondos públicos: es decir, del dinero de todos los españoles.

200.000 euros recibió del Gobierno vasco la coalición "Mewando", que promueve el boicot total a Israel, defiende la amnistía para todos los "prisioneros palestinos" y denuncia una campaña sionista de limpieza étnica. A través de Sodepau, Cataluña financia al Alternative Information Centre, que afirma que Simon Peres es "enemigo del pueblo palestino, de los derechos humanos y la paz". El Tribunal Russell, organización radical ultraizquierdista que quiere juzgar a Israel por "apartheid", también lo hace con dinero público; 56.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona. Tribunal que tiene en su Comité de Apoyo a miembros destacados de las asociaciones que hemos citado en el primer párrafo, PCHR e ICAHD; además, existe una endogamia entre todos ellos. El Gobierno de Andalucía ha ido más lejos; entre 2003 y 2008 ha empleado cinco millones de euros de los andaluces para "proyectos" que según NGOMonitor favorecen el antisemitismo.

Diversos informes sitúan a España como uno de los países donde el antisemitismo es mayor: lo es, sobre todo, entre determinadas élites culturales, mediáticas y políticas. Lo grave es que el odio hacia Israel tiene su origen en el Gobierno, que a través de la AECID se dedica a subvencionar ideologías extremistas, antijudías y antidemocráticas. Lo cual no es de extrañar: bajo el pensamiento políticamente correcto que afecta a toda la clase política, la AECID se ha convertido en los últimos años en un organismo descontrolado, del que no se conoce exactamente cuántos millones de euros gasta ni para qué, a quién los entrega, con qué fin y con qué consecuencias. Es, además, uno de los principales focos de corrupción en nuestro país, en el que participan funcionarios sin escrúpulos, gobiernos dictatoriales y ONGs que viven del dinero público. Habría que cerrarla cuanto antes, pero no sin realizar una auditoría en toda regla que explique porqué el dinero que los españoles pagan en tiempos de crisis va a parar a activistas radicales izquierdistas y filoislamistas.