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LAS GUERRAS DE TODA LA VIDA

El precio real de la leyenda negra

"Comunidades mapuches cada vez más numerosas y organizadas invocan un derecho ancestral para exigir y ocupar terrenos y campos en Neuquén y Río Negro [en la Patagonia], donde protagonizan, ante la pasividad del Estado, una disputa silenciosa con los propietarios de esas tierras", escribía Luis Moreiro en La Nación de Buenos Aires el 18 de octubre. La cosa afecta también a Chile.

La pregunta clave en todo esto (les sonará a los norteamericanos) es si los mapuches son los antiguos habitantes de esas tierras, o, si hilamos más fino, hasta qué punto existían los mapuches cuando el hombre blanco llegó a esos parajes. No en 1492, desde luego, sino a punto de acabar el siglo XIX.

Porque la conquista de las tierras indígenas poco tiene que ver con la llegada de los españoles, primero, y del resto de los europeos, después: fue una labor de los Estados independientes, cuya soberanía sobre los territorios fue, por decirlo con delicadeza, más bien simbólica hasta mucho después de finalizada la época de los virreinatos, que también pecaban de ser más una cuestión de mapas que de auténtica presencia. Los ejércitos argentino y chileno llegaron entre la mitad y el final del XIX, y la soberanía real sólo se estableció en el XX, con concesiones de tierras por parte de los respectivos Estados a los colonos que voluntariamente quisieran establecerse allí. Por ese entonces no había indios a la vista que reivindicaran nada. Si los había, desconocían la noción de propiedad, un invento importado que ahora esgrimen para hacerse con lugares que ya han ocupado, armados ideológicamente por la modernidad.

Mapuche significa "gente de la tierra". Pero resulta que ellos son tan nuevos por allí como los europeos. Eran los tehuelches los habitantes originarios de las regiones de Neuquén y Río Negro, y los araucanos, como sabemos por Alonso de Ercilla, poblaban el lado chileno. Los mapuches, según los especialistas Santiago Polito Belmonte, Gregorio Álvarez, Rodolfo Casamiquela y otros, se encontraban, antes de la creación de los Estados independientes, en la Araucanía, territorio chileno que se extendía entre los ríos Bío-Bío al norte y Toltén al sur, cuando los españoles llegaron a lo que tiempo más tarde sería la Capitanía General de Chile.

Sólo entonces, hacia mediados del siglo XVI, grupos de araucanos empezaron a desplazarse hacia el actual Neuquén, donde ya se hallaban asentados puelches, pehuenches y huiliches.

Polito Belmonte explicaba a La Nación en entrevista reciente: "A partir de 1832, grupos de indios chilenos comandados por Calfucurá y sus capitanes cruzaban la cordillera, llamaban a parlamentar a los caciques pampas, los embriagaban y los asesinaban, con lo cual Calfucurá se convirtió en Gran Guimen de los aborígenes". El mismo historiador informa de que Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires –de 1829 a 1832 y de 1835 a 1853–, para evitar que los malones arrasaran la zona, pactó con Namuncurá, hijo de Calfucurá, y durante su mandato se enviaron a las tolderías tributos anuales en especies.

El guerrero mapuche Lautaro.Caído Rosas, los malones retornaron. Las incursiones de los indígenas estaban destinadas a robar mujeres y haciendas. Éstas eran llevadas a través de los Andes y vendidas a los estancieros chilenos a dos libras esterlinas por cabeza. "Los mapuches no son originarios de Neuquén, aunque tengan derecho a vivir en Neuquén como todos los otros habitantes [de la Argentina] que llegaron desde los cuatro puntos cardinales. Pero no tienen derecho a reclamar territorios en la Argentina, ya que sus ancestros no son originarios del Neuquén, vinieron desde la Araucanía", sostiene Polito Belmonte.

Como se ve, el profesor polito es políticamente correcto y cree en los mitos de los pueblos originarios y de sus derechos de propiedad, pero ni aún así se sostienen los reclamos de los mapuches. Naturalmente, las cosas son muy diferentes al otro lado de la cordillera. La señora Bachelet, que hace poco aparecía en una fotografía rodeada de niños mapuches –uno de ellos sin el menor rasgo indígena–, cuyos reclamos obliga a atender la corrección política, no puede hacer oídos sordos: el precio de la ideología.

La cuestión de los pueblos originarios es un producto de la torcida manera –la correcta, al decir de los académicos– en que se ha manejado la historia desde hace ya medio siglo. Pero en realidad poco se sabe de lo que sucedía en el continente antes y después de la llegada de Colón y hasta nuestros días: se ha escrito –mal– la historia de los Estados nacidos al calor de las revoluciones americana y francesa, y peor la de los habitantes que se sucedieron en esos lugares en el –mal– llamado período precolombino. Sólo algún estudioso aislado, como Aldo Ottolenghi, que trabajó extensamente sobre la historia de la escritura y que se atrevió a sugerir el origen semítico de vestigios que se remontan a hace treinta mil años, ha profundizado en el tema. Pero hoy mismo se sigue debatiendo la cuestión demográfica: ¿cuánta gente había en América en 1492?

Ni que decir tiene que tendrá que pasar tiempo, e iniciarse una nueva cultura y una nueva forma de hacer la historia, para que se empiece a hablar de las sistemáticas matanzas de aquellos pueblos, que se sometieron mutuamente, de su atraso esencial –el gran imperio inca, en el que modernos como el italiano Ugo Stornaiolo quisieron ver nada menos que socialismo, desconocía la rueda– y de su escaso legado.

Pero hoy se demuestra una ley a la que no atienden los ignorantes que gobiernan: la mala historia, creada para la política, acaba siempre por convertirse en política pura y dura. La corrección política ha sostenido más allá de lo razonable la leyenda negra, ha creado un universo legendario anterior al arribo de los españoles al Nuevo Mundo y ahora sus impulsores deben pagar el precio del desaguisado: en tierras, en dinero, en poder.


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