Los responsables de los dos sindicatos más subvencionados de España (CCOO y UGT) llaman ahora "filofascistas" a aquellos que cuestionan la actitud de estas organizaciones, entre los cuales, por supuesto, me incluyo. Es decir, que criticar a sindicatos que trabajan para mantener al Gobierno en el poder, que levantan barreras para evitar que los jóvenes puedan encontrar un empleo, que actúan con métodos mafiosos y que bloquean cualquier reforma laboral que reduzca su poder (y por lo tanto su capacidad para seguir viviendo del trabajo de los demás), es ser "filofascista" (amigo o partidario de los fascistas).

Con este argumento, los dos líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, demuestran su poca capacidad para realizar juicios críticos, razón que, por sí sola, sería suficiente para que abandonaran inmediatamente sus cargos. Sobre todo cuando se constata que estos "agentes sociales" son lo más parecido a los sindicatos verticales del régimen franquista que ha parido la democracia. Es decir, que los que están operando con criterios fascistas son, precisamente, estos dos sindicatos.

Los sindicatos verticales franquistas se caracterizaban por estar financiados por el Gobierno sirviendo a los intereses del poder y usados por el dictador sin que se permitiera ninguna crítica u oposición. Se trataba de representaciones corporativas de empleados que realizaban también tareas que hoy en día resultarían impensables como, por ejemplo, la construcción de barrios enteros para trabajadores.

Estos sindicatos no eran ni independientes ni libres y operaban en un mercado laboral muy rígido, con una economía planificada en la que el Estado (controlado por el Gobierno) era el dueño y señor de todo que perseguía al mercado y le atribuía todos los males de la sociedad. Ni que decir tiene que el liberalismo era un demonio al que había que combatir en todos los aspectos, sacrificando la libertad por una supuesta igualdad. El sueño de todo socialista (no olvidemos que el fascista es también socialista).

Con la llegada de la democracia, la Constitución sentó las bases para crear sindicatos independientes y libres y mantenidos con las cuotas de los afiliados. Pero, en contra de lo que dicen los "responsables" de CCOO y UGT, en ningún sitio de la Carta Magna se establece la obligación de dar dinero de todos los españoles a estas organizaciones, ni mucho menos el otorgarles el derecho a decidir el futuro de los trabajadores en el marco del "diálogo social".

Estos individuos, que dicen representar a los más desprotegidos, han rehusado salir a la calle para protestar contra la política económica del Gobierno, dirigiendo toda su propaganda contra los empresarios y el Partido Popular (con la compañía de artistas millonarios como el Gran Wyoming o Pilar Bardem). Y ello en un país que camina a los 5 millones de parados, con un ministro de Trabajo a todas luces incompetente y con la mayor destrucción de empresas de la historia reciente.

Que a CCOO y UGT le da igual lo que ocurra con los parados no es ningún secreto. Disfrazan su pasividad solicitando más ayudas públicas para los desempleados, pero en realidad trabajan para proteger a un tipo de persona muy específica: el trabajador con contrato fijo que no es productivo. No les voy a aburrir con ejemplos, todos conocen empleados de este tipo, que no hacen su trabajo, entorpecen el de los demás y, además, ponen a parir a la empresa a las primeras de cambio.

Aunque en España plantear este problema sea una cuestión tabú, fuera de nuestras fronteras no dudan en achacar muchos de los problemas del mercado laboral a estos sindicatos y sus protegidos (los fijos no productivos) y, un servidor, a costa de que le llamen "filofascista", seguirá haciéndose eco de este tipo de análisis: los sindicatos suponen una carga para el Estado y no cumplen con su función institucional (la defensa de los derechos de todos los trabajadores).

Como en los tiempos de la dictadura, CCOO y UGT son los mamporreros del Gobierno, atacan cualquier reforma de corte liberal que permita a España salir del pozo, operan en un mercado laboral franquista excesivamente rígido (similar al de países tercermundistas), persiguen a todo aquel que les critique –o, simplemente, ponga en tela de juicio sus prebendas– y defienden la economía planificada de Zapatero.

Por lo tanto, los "filofascistas" en esta España del siglo XXI son, precisamente, los dirigentes sindicales, una casta parasitaria que debería ser despojada de toda capacidad para seguir hundiendo la economía y el futuro de los trabajadores.