Arma de dictadores

La exclusión política de los ciudadanos con posiciones distintas a quienes detentan el poder es una de las armas más potentes de todo dictador. Los mandatos de Hitler, Fidel y Mugabe son ejemplos de cómo se relega, acosa y persigue a quienes no les son afectos. En Venezuela, Hugo Chávez es un buen pupilo de esos dictadores. El apartheid moral, político y económico ha sido utilizado de manera consuetudinaria a lo largo de estos nueve años de hegemonía "bolivariana".

Ejemplos sobran, unos más públicos que otros, pero todos igualados en el atropello de los derechos civiles, económicos y políticos de los venezolanos. En 2002 se excluyeron masivamente a unos 20.000 gerentes y profesionales de PDVSA, la petrolera estatal, después del paro cívico originado por las erradas políticas del Gobierno contra la industria petrolera nacional. Hoy, estos profesionales todavía sufren la persecución del Gobierno y están, por decisión unilateral y arbitraria de Chávez, inhabilitados de facto para trabajar en las empresas públicas de su país.

Otro ejemplo de discriminación política son las listas de Tascón y Maisanta, elaboradas con los datos de los ciudadanos que firmaron la petición para revocar el mandato presidencial de Hugo Chávez en 2004. Desde ese año, los ciudadanos que ejercieron ese derecho político vienen siendo objeto de discriminación y segregación para acceder a cargos públicos, contratar con el Estado. Incluso han visto entrabado su acceso a obtener documentos oficiales a los que tienen legítimo derecho. Tan grave es este apartheid que un estudio sobre los efectos de las listas Tascón y Maisanta dirigido por el economista Francisco Rodríguez, corroboró que este proceso de polarización política del Gobierno de Chávez le ha restado 5% de productividad económica al país en términos de capital humano, capital de trabajo y recursos naturales dejados de utilizar.

Otro tipo de persecución política son los juicios espurios a los comisarios Vivas, Simonovis y Forero, así como a decenas de policías y militares activos. A todos ellos se les está pasando descaradamente factura por su posición frontal a las políticas del Gobierno chavista, pagando en este caso con el bien más preciado, la libertad física. Esto sin contar con otros tantos venezolanos que están forzados a vivir en el exilio por un sistema de justicia acomodaticio y supeditado al mando del palacio presidencial.

Este año, con ocasión de las elecciones regionales, el gobierno venezolano estrenó una nueva forma de exclusión: Las inconstitucionales inhabilitaciones políticas de unos 400 ciudadanos incluidos en la Lista Russian. Con esta lista se está creando, con el "aval" de los poderes públicos, un grave precedente para el ejercicio de la democracia. Por un lado se limita el derecho constitucional del ciudadano a competir en una contienda electoral. Esto podría ser utilizado a discreción en una elección presidencial para inhabilitar a un eventual candidato con posibilidades de triunfar. Y, por otro, que es tan grave o más que lo primero, se viola flagrantemente el derecho ciudadano a elegir en libertad.