Hay una peligrosa tendencia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero a considerar a los ciudadanos como potenciales criminales mientras se trata a los delincuentes como si fueran ciudadanos honorables. Me preocupa mucho más lo primero que lo segundo, esa irrefrenable tendencia a criminalizar a los ciudadanos convirtiendo en poco menos que un delito el mero hecho de fumar un cigarrillo, beber un vaso de vino o exceder los límites de velocidad. Frente a ello, se diseña una política penitenciaria cuyo principal objetivo es sacar a cuantos más delincuentes a la calle, mejor.
El último ejemplo de esta tendencia ha sido la obsesión del Gobierno por meter en la cárcel a quiénes excedan los límites de velocidad. La medida exige una cierta reflexión. Primero, porque puede suponer criminalizar a muchos miles de ciudadanos que en un momento dado rebasen esos límites sin que haya en ellos ninguna intención criminal. Por supuesto, si ese ciudadano genera un daño a un tercero con su conducta, debería ser sancionado penalmente por un juez y así ocurre actualmente. Pero enviar a la cárcel a alguien por circular a más velocidad de la permitida en cualquiera de las muchas travesías que por desgracia aún persisten en nuestras carreteras, puede resultar excesivo. Este afán por criminalizar el código de la circulación introduce una presunción de culpabilidad por el mero hecho de coger el coche. Pero además, ¿cómo explicar que en el marco de una Unión Europea sin fronteras interiores sobrepasar un límite de velocidad en autopista en un país miembro no sea siquiera una infracción administrativa y en España constituya un delito con pena de prisión? Este tipo de medidas exigiría, cuando menos, una cierta homologación europea.
Por supuesto que estoy de acuerdo en introducir sanciones más duras contra quienes rebasen los límites de velocidad en las carreteras y en que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas sean constitutivos de delito. Incluso soy favorable a aumentar las penas para aquellos que de forma deliberada pongan en peligro la vida de otros ciudadanos, como ocurre con los famosos “kamikazes” que conducen por dirección contraria en las autopistas. Pero encarcelar a los ciudadanos por un exceso puntual de velocidad, sin que concurran otras circunstancias, me parece que es llevar las cosas a un extremo contraproducente.
Esta creciente judicialización de la vida ciudadana tendrá además el efecto indeseado de aumentar la saturación de un sistema judicial que ya se encuentra saturado, como denunciaba esta semana el propio presidente del Consejo del Poder Judicial. Esto implicará que las penas por infringir este tipo de normas vendrán con un enorme retraso, perdiendo así la inmediatez en la sanción, un factor clave para corregir estas conductas. Pero, además, las garantías exigibles a todo procedimiento penal pueden hacer que muchos de estos hechos queden sin sanción ni administrativa ni criminal por la dificultad de probarlos o la propia mesura de todo juez a la hora de encarcelar a un ciudadano. Todo ello puede hacer que esta reforma tenga consecuencias contraproducentes para los fines que persigue.
Esta tendencia a llevar a la vía penal conductas ciudadanas que resultan relativamente habituales puede resultar, además, menos efectiva que la puramente administrativa para reprenderlas. Así, para reducir la siniestralidad en nuestras carreteras, una asignatura que sin duda tenemos pendientes a pesar del primer impacto positivo que ha causado el carné por puntos, sería mucho más eficaz mejorar la gestión de imposición de sanciones que llevar a la vía penal a miles de conductores. Esto es algo que se ha demostrado en otros campos, como la protección del medio ambiente, donde las sanciones administrativas se han mostrado en la mayor parte de los casos más disuasorias que la criminalización de estas conductas. Lo que el Gobierno debería mejorar es que quien cometa una infracción pague la multa de forma inmediata, cosa que actualmente no ocurre, entre otras razones, por la propia ineficacia de la Dirección General de Tráfico.
El Gobierno debería poner mucho más énfasis en perseguir a los verdaderos delincuentes que en criminalizar a ciudadanos honrados por el mero hecho de fumar un cigarro o cometer una infracción de tráfico. Resulta incomprensible que acciones claramente delictivas, como la ocupación de viviendas, sean definidas por la ministra del ramo como un modo alternativo de vida, que los delincuentes habituales sean detenidos una y otra vez por la Policía sin que nadie pueda detener su carrera criminal, que los actos vandálicos se propaguen por nuestras ciudades con total impunidad y que la directora general de Instituciones Penitenciarias considere que es más progresista que los delincuentes cumplan su pena en la calle y no en unas cárceles sobresaturadas por una desastrosa gestión del actual Gobierno. La paradoja es que al mismo tiempo que ocurre todo esto, se pretenda ahora llenar esas cárceles con miles de ciudadanos por hechos que hasta la fecha tan sólo acarreaban sanciones administrativas. Necesitamos sin duda un gobierno que sea más duro con los delincuentes y más respetuoso con la libertad de los ciudadanos.
