El pasado jueves 21 la Cámara Europea aprobó una resolución de urgencia sobre la situación de los derechos humanos en Cuba tras la decisión del Consejo de Relaciones Exteriores de no eliminar las sanciones a la isla como pretendía el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una vez más, el Parlamento Europeo asesta un duro golpe a la política exterior del Gobierno socialista.
Los europarlamentarios consideran que la ampliación del diálogo entre la Unión Europea y Cuba debe estar supeditada a la verificación de progresos en materia de derechos humanos y es que este noble fin, la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo, es la razón última de la acción exterior de la Unión Europea tal y como lo establecen los tratados. Sin embargo, durante el debate previo, ex-comunistas reciclados y neocomunistas arguyeron que el Grupo del Partido Popular Europeo había forzado la inclusión de este punto en la agenda a petición de los eurodiputados españoles del Partido Popular, sin que el tema constituyera una urgencia de derechos humanos y con la única intención de erosionar al Gobierno de Zapatero, es decir, por intereses de política interna española. Por supuesto, estos diputados no tuvieron el menor reparo en dejar de lado su supuesta defensa de los derechos humanos para lanzar un mensaje de diálogo sin condiciones con el régimen tiránico.
Al hilo de la argumentación contraria a la celebración del debate hay que destacar varios elementos esenciales. El primero, que la cámara europea no permite a los miembros de un grupo forzar la inclusión de un debate en contra de la opinión de la mayoría de diputados. El mecanismo por el que se introdujo este punto en el orden del día responde las disposiciones del reglamento interno de la cámara que permite a un grupo político o a un determinado número de diputados proponer la alteración del orden del día al inicio de la sesión. En este caso, liberales y populares se mostraron favorables a incluir un debate de urgencia sobre los derechos humanos en Cuba, presentaron su proposición, la cámara votó y ganaron. Parece que las decisiones democráticas no gustan a los críticos.
En segundo lugar, el tema de los derechos humanos en Cuba constituye una urgencia desde todo punto de vista después de que el Consejo constatara la falta de progresos en la isla tras haber heredado el poder Raúl Castro. Ningún opositor pacífico ha sido liberado. La mayoría de ellos además están en condiciones de salud terribles, tal y como resalta la resolución aprobada por el Parlamento, lo que constituye en sí una urgencia de primera magnitud. Por último, ocultan los diputados pro-castristas que el principal impulsor del debate en el seno del Grupo PPE-DE ha sido el señor Ribeiro e Castro, diputado portugués, profundamente comprometido con la causa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Y que además, la propuesta contaba con el co-patrocinio del Grupo de los Liberales y Demócratas (ALDE) encabezado por el diputado italiano Marco Cappato. Como no podía ser de otra manera los diputados españoles del Partido Popular dieron su apoyo sin fisuras a la celebración de este debate desde el primer momento. Al final, el sentido común se impuso y la resolución del parlamento se aprobó con los votos a favor de la mayoría de los miembros.
Ciertamente, la resolución erosiona la imagen del Gobierno de Zapatero ya que pone en evidencia el doble rasero por el que se rige su política exterior, el incumplimiento de su promesa electoral de establecer como prioridad de ésta la protección y el respeto a los derechos humanos y su negativa a cumplir con sus compromisos europeos. Este último punto, recogido en la resolución, es el que mayor malestar ha provocado entre los eurodiputados. La Posición Común del 96 sobre Cuba obliga a las visitas de alto nivel a la isla a reunirse con la disidencia. Moratinos, en un gesto de deslealtad, no lo hizo y el Parlamento no podía ignorar este extremo. Con esta nueva resolución de condena a Cuba por no respetar los derechos humanos lo que el parlamento ha dicho es que lo primero es la liberación incondicional de los presos, que cualquier diálogo con las autoridades cubanas debe basarse en la verificación de progresos en materia de derechos humanos y que no vale llenarse la boca de europeísmo para luego no cumplir los compromisos adquiridos.
