Ya era hora de que desde la clase política se denunciara la preocupante dilación del Tribunal Constitucional a la hora de fallar respecto a los siete recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto de Cataluña, tal y como ha hecho este lunes el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Y no sólo porque, como ha argumentado Zaplana, el Alto Tribunal "no tiene derecho a impedir" que los ciudadanos acudan a votar a unas elecciones generales con conocimiento de causa sobre un debate tan trascendental como este, sino también por la enorme inseguridad jurídica que, tal y como también ha apuntado el Defensor del Pueblo, puede crear esta injustificada demora.
De hecho, el Gobierno catalán, sin esperar a la sentencia, ya ha comenzado a desarrollar aspectos tan polémicos y nucleares de ese estatuto soberanista como el reflejado en su artículo 204, que hace referencia a la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. Semejante proyecto inconstitucional no sólo rompe el modelo de financiación autonómica y convierte en convidado de piedra al Consejo de Política Económica y Fiscal que integran las comunidades y el Gobierno, sino que probablemente es incompatible también con las directrices europeas. Sin embargo, nacionalistas y socialistas, optando por una política de hechos consumados, ya aprobaban hace unos días su creación en el parlamento catalán. Y eso, por no recordar sus previas y escasamente veladas amenazas de desacato si el Tribunal Constitucional se atrevía a declarar inconstitucional el estatuto de marras.
Si inaceptable es la tardanza que están demostrando los magistrados para deliberar sobre la que será, sin duda, la sentencia más trascendental de su historia, no menos bochornosas son las maniobras dilatorias del Gobierno de Zapatero, que han sucedido a sus históricas presiones –no concluidas– para forzar un veredicto favorable a sus tesis. Un buen ejemplo de ello ha sido el escrito –afortunadamente no admitido a trámite por el Alto Tribunal– que le ha dirigido el Abogado del Estado en el que, entre otras cosas, pretendía que se instara a los populares a retirar su recurso contra determinados artículos del Estatuto catalán por entender que estaban recogidos, casi en iguales términos, en los Estatutos andaluz y balear, que sí contaron con el apoyo del principal partido de la oposición.
No vamos a negar ahora la debilidad de los principios y, sobre todo, el enorme error estratégico del PP al dar su apoyo a unas reformas estatutarias que, si bien no alcanzan la clamorosa inconstitucionalidad del estatuto catalán, no tenían otro objetivo que darle cobertura sin la menor demanda social. Sin embargo, no es tarea del Tribunal Constitucional juzgar la coherencia del principal partido de la oposición, exageradamente cuestionada, por otra parte, en el lamentable y politizado escrito del abogado del Estado. Lo que tiene que hacer el Alto Tribunal es pronunciarse de una vez sobre la coherencia y la compatibilidad de estatuto con nuestra Carta Magna, para así poder comprobar si los intentos de enterrar a Montesquieu logran también socavar los pilares de la Constitución y la nación que la sustenta como Estado de Derecho.
