El mandato constitucional de unos Jueces y Magistrados "independientes" y "sometidos únicamente al imperio de la ley" es uno de los principios democráticos más sistemáticamente ignorados, cuando no flagrantemente violados, por los políticos españoles. Como en casi todo, aquí también hay grados. Son los socialistas quienes en 1985, a través la Ley Orgánica del Poder Judicial y al grito de "Montesquieu ha muerto", vaciaron de contenido algunos de los artículos más importantes de la Constitución sin que el Tribunal Constitucional hiciera nada por remediarlo. La elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Parlamento supuso la sumisión del Poder Judicial a los dictados del Ejecutivo, una situación vergonzante e impropia en una democracia avanzada.
A este respecto, los años de gobierno de Aznar fueron decepcionantes. El PP ignoró sus compromisos electorales y optó por mantener la situación anterior introduciendo cambios cosméticos. Fue el famoso Pacto por la Justicia, que establece la elección parlamentaria de 12 vocales del Consejo de una lista surgida de una votación entre todos los jueces. Los ochos restantes son, tal y como dicta la Constitución, elegidos por el Legislativo a propuesta de las cámaras.
La llegada al poder de Rodríguez Zapatero ha significado una clara vuelta atrás en estas tímidas reformas. Además de la práctica desaparición del principio de unidad jurisdiccional que supone el nuevo Estatuto de Cataluña y la ampliación de la mayoría exigida al CGPJ para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, la elección del nuevo Consejo ha puesto de manifiesto que ni el PSOE ni sus socios creen en la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, escarmentado por la traición de los socialistas, el PP ha decidido plantar cara a este nuevo asalto antidemocrático y bloquear la renovación del CGPJ. Por otra parte, su propuesta de elección de 12 vocales del Consejo respetando la representatividad de las asociaciones judiciales supone un retorno a las promesas incumplidas de 1996. Sin embargo, para que este cambio positivo, que por otra parte corresponde a los deseos de la inmensa mayoría de los españoles, sea creíble, el PP debe mostrarse firme en lo que resta de legislatura y formular en su programa electoral una alternativa clara y simple al sistema de cuotas partidistas que defienden el Gobierno y los nacionalistas.
Pero es precisamente esta credibilidad que ha quedado en entredicho en los últimos días con ocasión de la aprobación en el Senado de la llamada enmienda Bermejo al estatuto del Ministerio Fiscal. La reforma, que confiere al Fiscal General del Estado un poder discrecional y arbitrario al eliminar el informe preceptivo del Consejo Fiscal sobre ascensos y nombramientos, fue convalidada el martes pasado por el Pleno de la Cámara Alta gracias a la ausencia de 12 senadores populares. La críticas de la Asociación de Fiscales al partido de la oposición están por tanto plenamente justificadas. Nada peor para el partido de Rajoy que hacer oídos sordos a estas quejas y no tomar las medidas oportunas para que situaciones como la descrita no se repitan más. No basta con presentar un ideario que refleje lo que quieren la mayoría de los españoles, también que hay que aplicarlo con coherencia y sin flaquezas. No más goles en propia meta.
