No solemos darle la razón al ministro socialista que, en plena jornada de reflexión, dijera aquello de que España no merecía un Gobierno que no mintiera, para luego contarnos que "había verificado" la intención de ETA de dejar las armas, entre otras perlas. Pero es cierto que el primer Gobierno de Aznar "negoció mal y muy rápido" con los nacionalistas para ganarse su apoyo y que, ante las prebendas que obtuvieron del acuerdo de legislatura, se crecieron. El consiguiente "radicalismo nacionalista" fue denunciado por don Alfredo cuando PNV, CiU y BNG firmaron en 1998 la Declaración de Barcelona, en la que se comprometieron a colaborar en pos de un reconocimiento de sus respectivas "realidades nacionales".
El Gobierno Aznar ha sido el que más ha descentralizado el Estado español, cediendo a las autonomías la mayor parte de las competencias que los estatutos marcaban como propias de los gobiernos regionales y que aún conservaba la administración central y una parte considerable de los ingresos del Estado. Por indicar unas pocas cifras, durante sus dos legislaturas el porcentaje de funcionarios del Gobierno central sobre el total de empleados públicos en toda España pasó del 30% al 10%, mientras que el de las autonomías creció del 9,8% al 48,2%; los Presupuestos Generales del Estado pasaron de suponer el 34% del gasto público total para bajar hasta el 23%, mientras que los presupuestos autonómicos aumentaron del 19% al 28%.
Pero Aznar también decidió incluir en el Código Penal una condena de cinco años de cárcel para la convocatoria de un referéndum ilegal, porque dentro de la ley y de la lealtad se podían conseguir muchas cosas, pero fuera de ellas no. Aquello fue calificado como el epítome de lo rancia, centralista y autoritaria que era la derecha española. Se ve que en ese momento para los socialistas lo que privaba era ser débiles para, también, apaciguar a los nacionalismos, cuya radicalidad era consecuencia esta vez de la intransigencia de Aznar. Cuando llegaron al poder los socialistas, decidieron eliminar ese delito del Código Penal. Ahora, Ibarretxe anuncia la convocatoria de su referéndum ilegal. Ciertamente, como dijo Rubalcaba en 1998, la debilidad da alas al "radicalismo nacionalista".
El diseño institucional español, dibujado durante la transición, ha mostrado sus carencias durante todo el tiempo transcurrido desde entonces, pero no ha sido hasta el Gobierno de Zapatero que los nacionalistas han llegado a la conclusión de que pueden lanzar su último órdago y llegar a independizarse, que es lo que sueñan y anhelan. Que exista en Madrid mucho periodista y político cínico que cree que lo único importante es el dinero y el poder no significa que no haya quien tenga ideales, aunque sean más bien totalitarios.
Pero los nacionalistas, aunque sin duda ávidos de competencias y dineros, lo que han buscado siempre con más ahínco es otra cosa: legitimidad política para su ideología y sus proyectos de secesión o, como han sido calificados en sucesivos eufemismos, "autodeterminación" y "derecho de los vascos y vascas a decidir". A Ibarretxe, Quintana, Carod o Mas les importan tres pimientos los derechos individuales y la democracia liberal; lo suyo es conseguir que su región se convierta en un país independiente. Cuanto más se les da, más quieren.
Y Zapatero no ha hecho otra cosa que darles lo que quieren desde que llegó al poder. Desde la retórica, como cuando afirmó que la nación era un concepto "discutido y discutible", hasta la realidad legal. Ha concedido lo que jamás ningún Estado puede conceder: considerar a una de sus partes como un igual con el que debe tratar de tú a tú en todas las instituciones del Estado. Naturalmente, los nacionalistas han dado el siguiente paso lógico: convocar un referéndum ilegal para independizarse, los vascos en 2008 y los catalanes, según Carod, lo harán en 2014.
Evidentemente, si se les permite realizar una consulta y la pierden, como parece probable, seguirán educando a los niños en el odio a España, acosando y censurando a quienes no piensan como ellos (y matándolos) y seguirán haciendo un referéndum detrás de otro hasta que consigan una sola vez el resultado deseado. Da lo mismo que ETA siga existiendo y que no haya libertad para que los no nacionalistas puedan vivir en el País Vasco con los mismos derechos y posibilidades de expresarse. A los que no necesitan escolta para pasear por las calles no sólo les trae eso sin cuidado: les viene muy bien y lo aprovechan para recoger las nueces.
La solución, desgraciadamente, no llegará ni aunque el Tribunal Constitucional declare fuera de la ley al Estatuto de Cataluña, ni aunque Zapatero se pusiera duro de verdad con Ibarretxe (que ya ha anunciado que no lo hará), porque el problema tiene raíces más profundas. Existen competencias, como la educación o la policía, que no pueden cederse a comunidades autónomas cuyos gobernantes han demostrado tamaña deslealtad. Ha llegado la hora de actuar. Zapatero no lo hará. ¿Será capaz Rajoy de hacerlo si gana las elecciones?
