A nadie engaña el Gobierno ni el PSOE utilizando a la Asociación De Abogados Demócratas por Europa (ADADE), dirigida por el militante socialista Benítez de Lugo, como intermediario para procurar que Alcaraz tenga que entrar como inculpado por la misma puerta en que lo hicieron los asesinos de su hermano. La querella que el juez Moreno ha tenido que admitir a trámite obligado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es sólo una muestra más del desprecio con que los socialistas, con Zapatero a la cabeza, han tratado a las víctimas del terrorismo durante toda esta legislatura, deseosos de que volvieran a sacar a sus muertos por la puerta de atrás de las iglesias, en lugar de exigir que se respetara su memoria y su sacrificio por España y las libertades.
Las palabras de Alcaraz que han servido de excusa para este acoso del Gobierno por no callarse cuando debía no son sino un ejemplo de lo que tantos han dicho y escrito. Fue Gara quien publicó que el comunicado de alto el fuego (y la declaración de Zapatero en el Congreso) fue negociado entre el Gobierno y ETA. Sin embargo, no se tiene constancia de que esta asociación tan veloz para querellarse contra las víctimas haya incluido a la publicación proetarra en su demanda por "delitos de calumnias e injurias contra el Gobierno". Como se pregunta Toñi Santiago, en su mensaje de apoyo a Alcaraz, "¿dónde estaba ADADE cuando Arnaldo Otegi justificó el asesinato de mi hija Silvia?" Pues, evidentemente, bien cerquita de Otegi, que era un "hombre de paz", esa palabra ahora proscrita de los vídeos de Z.
Las demás frases por las que quieren justificar la acusación contra Alcaraz consisten en decir que Gobierno y ETA hicieron un paréntesis tras el atentado de la T-4, cosa que demuestran las reuniones que mantuvieron después y contra cuya publicación en prensa ADADE no se ha querellado; o que el Gobierno cedía al chantaje de ETA; o que Zapatero se convirtió en el embajador de la banda terrorista, algo que demostró el PSOE "internacionalizando el conflicto" en Bruselas; que el presidente asumió el discurso de ETA, algo que demostró en su comparecencia del Congreso; o que el Gobierno no puso a disposición de los jueces los datos que permitieran la detención de sus interlocutores, algo evidente.
Es decir, que Alcaraz –que carece de Bacigalupo para decretar que no acuda a declarar para no "estigmatizarlo"– tendrá que hacer frente a una querella en unos casos por dar una opinión legítima y en otros por decir simplemente la verdad. Si realmente quienes bramaron contra el secuestro de El Jueves por el delito de "dañar el prestigio de la Corona" estaban de verdad preocupados por la libertad de expresión, deberían salir con la misma energía ahora que las críticas legítimas al Gobierno han pasado a formar parte de los delitos perseguibles por la Audiencia Nacional, siempre y cuando las haga una víctima del terrorismo, claro.
Desde el PSOE y el Gobierno dirán que ellos no tienen nada que ver con esto y que respetan a las víctimas. Si fuera así, tendrían bien fácil demostrarlo: bastaría con que Pepe Blanco solicitara a su militante que la retire so pena de darle de baja, y cumpliera la amenaza en caso de negativa. Cualquier otra reacción no hace sino confirmar que el ataque contra las víctimas del terrorismo y contra cualquiera que haya criticado el proceso de rendición es responsabilidad directa de Z, que "desde la sonrisa" se muestra incapaz de aceptar ni la más leve crítica sin castigar a su responsable.
