Si de "enemigos de la ciencia" se trata, no cabe duda de que no hay ahora mismo sobre la faz de la tierra ningún elemento más hostil a las enseñanzas de la estadística, la sociología y la criminología que Mariano Fernández Bermejo. El caso del agresor del vagón, cuya puesta en libertad sin fianza demuestra lo barato que sale delinquir en España, ha servido al ministro de Justicia para considerar rota "la ecuación inmigrante igual a delincuencia defendida allá por el año 2000". Siguiendo la misma lógica o, para ser exactos, falta de lógica, el hecho de que el sospechoso de asesinar a un taxista en Madrid hace pocos días sea brasileño debería llevarnos a volver a poner en pie dicha "ecuación", que nadie ha defendido jamás, y menos el PP.
Sí es cierto, en cambio, que los españoles de todas las ideologías perciben que entre los inmigrantes hay más delincuentes. Y tienen, estadísticamente, toda la razón. Tanto en la población carcelaria como entre los detenidos y procesados hay una presencia de extranjeros notablemente superior a su porcentaje dentro de la población de nuestro país. Pero darse cuenta de un hecho cierto y demostrable no significa equiparar a todos los inmigrantes con delincuentes. Construir un hombre de paja al que quemar posteriormente es el deporte favorito de sectarios y demagogos, y no cabe duda de que Bermejo está entre los campeones de ambas disciplinas.
La convivencia entre la población nativa y la inmigrante nunca es fácil, y no por la mala fe o la mala disposición de ninguna de las partes, sino por las diferencias entre modos de vida; lo que para unos es una costumbre, para otros es una molestia o algo peor. De hecho, no producen la misma preocupación todos los inmigrantes; los magrebíes son vistos con más recelo que los hispanoamericanos, y estos que los europeos. No obstante, los años de bonanza económica que hemos disfrutado han alejado un poco la preocupación por la competencia por el empleo, aunque no la derivada de la competencia por los servicios del Estado del Bienestar.
Pero si algo ha crecido ha sido, precisamente, la percepción de que la inmigración lleva aparejada problemas de orden público e inseguridad ciudadana. A esto han contribuido hechos como el de las revueltas en Francia, que la reciente batalla campal en la Cañada Real no habrá hecho sino aumentar. No es algo inventado por el PP ni que haya desaparecido con su paso a la oposición. Es simplemente la consecuencia de que exista una probabilidad entre 6 y 7 veces mayor de que una persona sea un delincuente si es extranjero que si es español. Como también existe una probabilidad mucho mayor si se es hombre y si se es joven, ambos grupos por cierto sobrerrepresentados entre la población inmigrante, y que explicarían en parte su mayor criminalidad relativa.
No cabe duda de que debería ser objetivo prioritario de cualquier Gobierno que una sociedad que, como la española, no puede calificarse de racista, al menos por el momento, no derive hacia opiniones mayoritariamente xenófobas. Dado que, además, la principal preocupación derivada de la inmigración es precisamente la delincuencia, la mejor vía para intentar prevenir ese cambio sea la de aplicar la ley y no dar la sensación de que violarla sale gratis. Aun con costumbres distintas, ayuda saber que existen ciertas líneas que nadie puede sobrepasar, sea español o extranjero, recibiendo un serio castigo en caso contrario. A eso no ayuda ni la condescendencia con los habitantes de la Cañada Real ni la puesta en libertad del animal que le dio una patada en la cara a una menor ecuatoriana. Ni, por supuesto, tener un ministro de Justicia cuya percepción de la realidad está demasiado teñida de ideología y sectarismo como para poder poner en práctica las reformas necesarias para garantizar el respeto al Estado de Derecho.
