Una de las primeras reacciones del Gobierno de Zapatero al constatar las dramáticas consecuencias de su irresponsable política de regulación masiva de inmigrantes, fue la de negar la existencia de un informe enviado por la Guardia Civil que, ya en diciembre de 2005, le alertaba de la muerte de 1.700 subsaharianos en aguas del Atlántico y las dificultades de los gobiernos de Mauritania o Senegal para hacer frente por sí solos a la lucha contra las mafias.
Desde entonces, el Gobierno de Zapatero ha tratado de silenciar o quitar importancia a esta incesante tragedia humanitaria, compatible con la actual existencia de un número mayor de inmigrantes ilegales en nuestro país que los que había antes de ejecutar aquella irresponsable política de "papeles para todos". También ha tratado de poner en valor unos tardíos y estériles acuerdos de cooperación como los firmados con Senegal en septiembre del año pasado, que de poco han servido, salvo para que el ministro de Interior de aquel país, Dusmane Ngom, pasara en cuestión de horas de denunciar que la política española constituía "un estímulo a la inmigración ilegal" a considerar que en "España se había hecho un trabajo magnífico".
Lo cierto es que aquellos acuerdos han quedado en papel mojado, y no hay que extrañarse de la última tragedia sufrida por los 150 ocupantes de un cayuco procedente de Senegal y con rumbo a Canarias, 45 de los cuales han muerto de hambre y sed tras pasar más de dos semanas a la deriva.
Insistimos en que no vamos a culpar al Gobierno ni de las muertes ni de las lógicas pulsiones de estos subsaharianos que tratan de huir de la miseria y alcanzar un futuro mejor. Lo que le reprochamos es el haber echado leña a un fuego con una miope política cortoplacista, que ha jugado con las esperanzas de unas personas, cuando sólo se podían traducir en un engrosamiento de la listas de inmigración ilegal o de las que pierden su esperanza y su vida en la mar.
