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En Uruguay ha sucedido algo asombroso: el Fiscal de Corte se atrevió a decirle al Gobierno que no puede hacer lo que se le antoje. En un extenso informe referido a un recurso de inconstitucionalidad, vinculado a la reforma tributaria, el funcionario señaló que "si bien es correcto que pertenece al ámbito de la política fiscal la determinación de los instrumentos a utilizar para el logro y consecución de las metas económicas y financieras del Estado, no puede perderse de vista que la política fiscal no es sino una expresión o manifestación del poder público, el cual, tanto en esta materia como en todas las áreas en las que actúa, debe ceñirse a las limitaciones contenidas en la ley superior, esto es, en la Constitución Nacional".
Lo que más nos impacta del dictamen, teniendo en cuenta la confusión que siempre ha reinado en América Latina sobre el tema, es que allí se deja claro que "en nuestra Carta Magna existe expresa consagración de principios y normas que limitan las potestades de los órganos públicos, en aras de salvaguardar un cúmulo de derechos y garantías insoslayables en un Estado de Derecho y a cuyos preceptos toda ley debe ceñirse".
En momentos en que negros nubarrones se ciernen sobre América Latina, la referida valoración fiscal es como un rayo de luz esperanzador. Aunque debemos aclarar que la postura del Fiscal de Corte no obliga a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a dictar sentencia en forma coincidente.
Es tan fuera de lo común por estos lares que la separación de poderes sea algo real y con efectos prácticos sobre la vida de los ciudadanos que la primera reacción del Gobierno fue de "sorpresa y desconcierto". Y la segunda, presionar al Tribunal Supremo para que falle en sentido contrario.
Así, el ministro de Economía –cuyo nombre está íntimamente ligado a la referida reforma– reaccionó enérgicamente. Aunque aclaró que no lo hacía de forma "irrespetuosa", sino con "severidad". En declaraciones a la radio fue muy explícito al afirmar que el Fiscal de Corte "se puso a discutir el nuevo sistema tributario... con argumentos absolutamente equivocados". Y remarcó que tiene "el derecho y la responsabilidad" de cuestionar esa posición. Asimismo, manifestó su "esperanza" en que la Corte Suprema no apoye la posición fiscal y desestime la inconstitucionalidad.
Al día siguiente de tales declaraciones, la Asociación de Magistrados del Uruguay libró un comunicado público donde expresó que "el respeto a la independencia del sistema judicial hace al Estado de Derecho y ningún gobernante debería abrogarse el derecho de influir sobre los jueces por vías que no sean las que la Constitución y la ley permiten".
Otra embestida gubernamental es la que Fidel Castro enseñó a sus acólitos: la descalificación personal. Desde hace poco tiempo, la Fiscalía de Corte tiene su nuevo titular. Por eso no sorprende que un miembro del mismo sector político del ministro declarara que considera "sintomático" que en su primer dictamen el fiscal se haya alineado "con los partidos que hoy no están en el gobierno".
Latinoamérica está ingresando a otra de sus etapas lúgubres. Lo que está aconteciendo en la región recuerda el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se gestaron el fascismo y el nazismo, culminando en la Segunda Guerra. Entonces también, los grandes violadores de los derechos humanos se alzaron con el poder total por medio del apoyo popular, manifestado en elecciones y referendos.
Por eso debemos tener siempre presente que no es el voto lo que caracteriza a una democracia auténtica. Su verdadero valor es que permite el cambio político pacífico y nos garantiza una efectiva protección frente a la arbitrariedad de poderes absolutos, a los que aspiran tantos de nuestros actuales gobernantes.
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