Los coros y danzas del Gobierno en los medios de comunicación insisten en repetirnos que los socialistas nunca pretendieron rendirse ante ETA y que la prueba es precisamente que ha sido la banda terrorista la que rompió su "alto el fuego permanente". Con ello olvidan una parte fundamental de la historia de este proceso, la rebelión cívica, que hizo ver a Zapatero que no podría dar a ETA todo lo que quería y seguir ganando elecciones, que es al fin y a la postre su principal interés. Pero hizo todo lo que pudo dentro de esos límites y puede que incluso los traspasara, aunque eso sólo lo sabremos en marzo.
Uno de los movimientos más deleznables, porque su gravedad resulta difícil de entender y porque será difícil y lento repararlo en el futuro, ha sido llevar de la mano a Batasuna-ETA hacia un reconocimiento internacional como interlocutor político válido. Lo hizo hace un año con aquella infame moción en el Parlamento Europeo y, por lo que hemos sabido hoy, también ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con motivo del recurso interpuesto por los abogados de Batasuna-ETA ante su ilegalización. El abogado del Estado procuró que el Tribunal tomara en cuenta la "nueva situación" de negociación, que podía hacer que la decisión de los tribunales españoles ya no tuviera validez. Y parece que eso es lo que ha hecho éste al admitir a trámite el recurso de Batasuna-ETA.
Los etarras asesinan porque quieren alcanzar un premio político mediante sus crímenes. Si pierden la esperanza de lograrlo podrán continuar en el terrorismo aquellos que ya lo tienen como forma de vida, pero resultará más difícil captar nuevos adeptos que sólo verían un futuro en la cárcel como resultado de pasarse a la banda terrorista. Una buena parte de su fe en que pueden lograr sus objetivos se basa en que fuera de nuestras fronteras se les reconozca como políticos, sus asesinos encarcelados como presos de conciencia y sus crímenes como una lucha por la libertad contra la opresión. Si algo supo hacer bien el Gobierno de Aznar fue aprovechar la ola del 11-S para lograr que ese chollo acabara. Sin duda, en el lamentable estado en que estaba Batasuna-ETA en 2004 no fue un factor menor la destrucción de su capacidad de hacer propaganda fuera de nuestras fronteras y la inclusión de Batasuna en las listas negras de Estados Unidos y la Unión Europea.
No está muy claro que una decisión favorable a Batasuna-ETA del Tribunal de Estrasburgo tuviera consecuencias jurídicas reales. Pero no hay duda de que, desde ya, la decisión de admitir a trámite el recurso acompañará a todas y cada una de las actividades propagandísticas de la banda dentro y fuera de nuestras fronteras, como mínimo hasta que se resuelva el recurso dentro de uno o dos años. Es un balón de oxígeno más de entre todos los que el Gobierno ha proporcionado a la banda terrorista desde que llegó al poder. Y resulta especialmente grave por lo difícil que será y el tiempo que llevará reparar el daño.
Visto lo visto, es natural que el Gobierno considere "normal" que se admita a trámite el recurso de Batasuna-ETA en un tribunal que no acepta más del 2% de los casos que se le presentan. Cuando el abogado que debía defender al Estado defendió en realidad el proceso de rendición del Gobierno y se alineó con las tesis del abogado que presentaba el recurso, lo extraño hubiera sido que en Estrasburgo hubieran hecho caso omiso a semejante concertación entre ambos. Pero lo que no es "normal" ni puede serlo nunca es que los servicios jurídicos del Estado se pongan al servicio de la legitimación internacional de una banda terrorista.
